El Consejo de Ministros , celebrado este martes, ha acordado la declaración como zona de emergencia para los terrritorios afectados por las últimas inundaciones , como es el caso de Andalucía -dentro de la región, Córdoba ha sido uno de los territorios que ha sufrido el castigo del tren de borrascas-. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado, en rueda de prensa, que a la citada declaración se completará con la aprobación de un decreto la próxima semana con «las medidas específicas para contrarrestar esta nueva catastrofre medioambiental». Lo que ha avanzado ya el Ejecutivo es adoptar el marco para la concesión de ayudas . Lo ha hecho dando luz verde, según ha informado en un comunicado, al acuerdo por el que se consideran zonas afectadas por «una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026». Las ayudas que se activan están destinadas «a paliar daños personales ; materiales en vivienda y enseres; a ser recibidas por Corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia». El Gobieno , expone, podrán adoptar, además, medidas como beneficios fiscales . Es el caso de la «exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del tributo de Actividades Económicas». Igualmente podrá conceder fondos a las Corporaciones locales por «un importe de hasta el 50% para los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales». Una vez que el Estado tenga una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las Administraciones, el acuerdo de actuaciones del Ejecutivo «podrá completarse con la adopción de otras medidas ». La aprobación definitiva de las actuaciones y los fondos queda condicionada, finaliza el Gobierno, «a la acreditación de los daños producidos en los procedimientos que se tramiten ante los departamentos ministeriales competentes por razón de la línea de ayuda, incentivo o medida de recuperación».