Un bombero de Mallorca ha conseguido que el Supremo lleve su caso al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar qué ocurre con los funcionarios que pasan a estar en una situación de incapacidad permanente. Hasta ahora, las administraciones españolas aplican a rajatabla la legislación española y, de forma automática, se jubila al funcionario. El bombero del Consell aspiraba a pasar a una segunda actividad, algo que se le denegó y perdió su condición de empleado público.