Desde que el juez Juan Carlos Peinado puso el foco en el rescate público de Air Europa dentro del caso Begoña Gómez, cada paso en esa dirección ha terminado en revés. Las resoluciones de la Audiencia Provincial, los recursos de la Fiscalía y los informes de la UCO han ido cerrando, uno tras otro, los caminos que el magistrado trataba de abrir para investigar la operación financiera aprobada durante la pandemia. Lejos de consolidarse como una línea sólida dentro de la causa, la derivada sobre la aerolínea ha quedado marcada por decisiones judiciales que cuestionan su encaje procesal, por advertencias del Ministerio Público sobre la falta de indicios y por valoraciones policiales que descartan la existencia de hechos nuevos relevantes. El resultado es una sucesión de correcciones institucionales que han ido delimitando, con creciente claridad, el alcance real de la investigación. La causa que instruye Peinado nació a partir de una denuncia centrada en las actividades profesionales de Begoña Gómez, especialmente en su vinculación con la Universidad Complutense y en el posible uso de su posición para obtener beneficios o influencias. Ese era el perímetro inicial del procedimiento y, durante meses, el eje sobre el que giraron las diligencias. Sin embargo, la inclusión en la denuncia de referencias al rescate de Air Europa —aprobado por el Gobierno en el contexto de la crisis sanitaria— abrió una puerta que el instructor trató de ensanchar progresivamente. Ese movimiento generó desde el principio reservas en las instancias superiores. La Audiencia Provincial permitió continuar con la investigación principal, pero dejó fuera cualquier exploración sobre la ayuda pública a la aerolínea al considerar que se trataba de conjeturas sin conexión directa con el objeto de la causa. Aquella primera delimitación marcó el tono de lo que vendría después: una tensión constante entre el intento del juzgado por avanzar en esa línea y la negativa reiterada de los órganos de control. Revés tras revés en la vía de Air Europa A lo largo de 2024 y 2025, la Audiencia Provincial de Madrid intervino en varias ocasiones para anular decisiones del juez orientadas a obtener información sobre el rescate. Cada resolución insistía en la misma idea: la investigación debía ceñirse a los hechos inicialmente denunciados y no podía ampliarse sin indicios nuevos que justificaran esa extensión. Las providencias mediante las que Peinado solicitó documentación a organismos públicos o trató de impulsar informes policiales fueron revocadas con argumentos similares. El tribunal subrayó que basar diligencias en informaciones periodísticas o en sospechas no contrastadas no resulta suficiente para abrir una línea penal autónoma. Con ello, la Audiencia no solo corregía actuaciones concretas, sino que establecía un marco jurídico restrictivo que dejaba sin recorrido la vía de Air Europa dentro del procedimiento. En paralelo, la Fiscalía mantuvo una oposición constante a los intentos de reactivar esa derivada. Sus escritos incidieron en la ausencia de datos objetivos que permitieran relacionar a Begoña Gómez con decisiones administrativas sobre el rescate y alertaron del riesgo de convertir la causa en una investigación prospectiva...