Huelgas de alquiler, movilización vecinal y presión institucional marcan el inicio de un nuevo conflicto por la vivienda en Madrid. El Sindicato de Inquilinas ha puesto en marcha una campaña para frenar la venta de 17.000 pisos en manos de fondos y forzar su incorporación al parque público, en lo que ya se perfila como una de las mayores batallas residenciales de los últimos años. La iniciativa, impulsada por residentes de decenas de bloques repartidos por la región, busca evitar que estos inmuebles vuelvan a cambiar de manos en una operación que, denuncian, consolidaría años de negocio privado con viviendas que en muchos casos tuvieron algún tipo de protección pública. Según explica la organización, la campaña —bajo el lema Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre— afecta principalmente a pisos propiedad de grandes tenedoras vinculadas a capital inversor. Las familias aseguran haber soportado durante más de una década incrementos continuados de alquiler, cláusulas contractuales que consideran abusivas y un deterioro progresivo del mantenimiento de los edificios. Todo ello, sostienen, mientras las empresas propietarias obtenían beneficios millonarios en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado residencial madrileño. El pulso institucional por 17.000 hogares Uno de los episodios que el movimiento vecinal sitúa en el origen del conflicto es la venta, en 2013, de cerca de dos mil viviendas municipales a un fondo internacional por un precio medio que consideran muy inferior al valor real de mercado. Aquella operación, enmarcada en las políticas de enajenación de patrimonio público tras la crisis financiera, es recordada por los inquilinos como el punto de partida de un proceso de privatización que ahora intentan revertir. "Se vendieron casas que eran de todos y que hoy se utilizan para maximizar rentabilidad", resumen desde el sindicato. Tras la adquisición de estos inmuebles, las asociaciones de residentes denuncian que se produjeron subidas significativas de renta al renovar contratos, así como la imposición de gastos que, a su juicio, no deberían repercutir en los arrendatarios. También critican la falta de inversiones en conservación y accesibilidad. En este contexto, la posibilidad de una nueva venta masiva ha actuado como catalizador de la protesta y ha impulsado la coordinación entre comunidades que hasta ahora mantenían conflictos dispersos. El objetivo central de la campaña es que las viviendas pasen a ser gestionadas por la empresa pública estatal creada para ampliar el parque asequible, de modo que se garantice estabilidad residencial a largo plazo y precios por debajo del mercado. Las organizaciones implicadas defienden que esta solución permitiría transformar un problema social en una oportunidad de política pública, reforzando la oferta de alquiler protegido en una de las regiones con mayor presión inmobiliaria del país. Para sostener su estrategia, el movimiento inquilino apela a precedentes recientes que, en su opinión, demuestran que la movilización puede modificar operaciones inmobiliarias de gran escala. Entre ellos citan procesos en otras comunidades autónomas donde la presión social y la intervención institucional terminaron blindando promociones enteras como vivienda protegida. También recuerdan negociaciones colectivas que lograron frenar...