Este miércoles el Parlamento andaluz debate y aprobará definitivamente la Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) impulsada por Moreno Bonilla. Lo hará, una vez más, a golpe de mayoría absoluta, ignorando a los rectores, despreciando a la comunidad universitaria y dando la espalda a miles de estudiantes y profesores que ven cómo la universidad pública andaluza se debilita mientras las privadas hacen negocio. No es una ley de modernización. Es una ley ideológica muy de derechas que consolida un modelo desigual y rompe la igualdad de oportunidades. Bajo un discurso amable de calidad, excelencia y futuro, Moreno Bonilla utiliza la LUPA para asfixiar económicamente a las universidades públicas, limitar su autonomía y abrir aún más la puerta al chiringuito de las privadas. El resultado es claro: en la Andalucía del PP, estudiar una carrera universitaria dejará de ser un derecho ligado al mérito y pasará a ser un privilegio ligado al dinero. La oposición frontal de los rectores a esta ley desmonta por completo el relato oficial de la Junta. No hablamos de una crítica partidista, sino de la voz autorizada de quienes gestionan día a día las universidades públicas andaluzas. El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido de que la LUPA se sitúa "en el límite de la inconstitucionalidad", por vulnerar la autonomía universitaria recogida en la Constitución y en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una advertencia grave que el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido ignorar. A esta preocupación se han sumado en los últimos días nuevas voces. La recién elegida rectora de la Universidad de Sevilla ha sido clara: faltan recursos económicos para sostener el sistema universitario público. No es una opinión aislada ni una novedad. Es la constatación de una realidad que venimos denunciando desde hace años y que ahora se agrava con una ley que impone más obligaciones, más controles y más exigencias sin garantizar la financiación necesaria para cumplirlas. Los rectores alertan de una injerencia política injustificada en la organización interna, la contratación del profesorado y la planificación de plazas docentes. La LUPA traslada a la Junta decisiones que son competencia exclusiva de las universidades, imponiendo revisiones y autorizaciones que solo generan más burocracia y menos capacidad de gestión. Todo ello mientras se recorta la autonomía universitaria y se cuestiona su capacidad para decidir sobre su propio personal y su modelo académico. La financiación es, una vez más, el gran agujero negro de la política universitaria del PP. Desde que Moreno Bonilla llegó al Palacio de San Telmo, las universidades públicas han sufrido recortes encubiertos y una infrafinanciación crónica que no se corrige con titulares ni con propaganda. Lo hemos escrito en numerosas ocasiones: el aumento nominal de los presupuestos no compensa ni la inflación acumulada, ni el crecimiento del alumnado, ni las nuevas exigencias normativas. En términos reales, las universidades públicas andaluzas tienen hoy menos capacidad que hace una década. El PSOE de Andalucía lo deja muy claro: la LUPA no blinda un...