El Gobierno activó hace meses una ofensiva para expulsar del negocio eléctrico a las compañías sin ninguna actividad (eléctricas ‘fantasma’) o con operaciones irregulares (eléctricas ‘pirata’). El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, puso en marcha una gran criba en el registro de comercializadoras de luz con una oleada de decenas de inhabilitaciones. Ahora el Ejecutivo endurece algunas de las medidas y agiliza procedimientos para facilitar esas expulsiones y para evitar los trucos que utilizan algunas de esas empresas energéticas para evitar la inhabilitación.