La preocupación ha vuelto a las aulas de los colegios e institutos de Asturias. El personal docente de la región viene denunciando un aumento de las agresiones que sufren por parte de los alumnos, una situación que el sindicato CSIF ha calificado de “insostenible” y ante la que ha lanzado una campaña para buscar soluciones y una mayor protección del profesorado. El presidente de CSIF Educación Asturias, Jorge Caro, ha relatado uno de los casos más recientes, ocurrido este mismo martes. "La última es de hace hora y media, en un centro de primaria. Una maestra se ha tenido que ir al centro de urgencias por una agresión de un alumno", ha explicado Caro, ejemplificando la gravedad y la cotidianidad de los incidentes. Según los datos del sindicato, la situación es alarmante: reciben hasta seis llamadas semanales de docentes que alertan sobre agresiones físicas o verbales. Las encuestas de la organización reflejan que más del 50% de los docentes asturianos ha sufrido algún tipo de agresión y un 97% considera que existen problemas de convivencia en los centros. Por ello, tanto el sindicato como representantes políticos insisten en la importancia de que el profesorado denuncie oficialmente todos los episodios. "Si los compañeros no denuncian, si no hay un acto administrativo como es una denuncia, la consejería no se hace cargo de nada", ha afirmado Caro, subrayando que es la única vía para que el Gobierno del Principado de Asturias tome cartas en el asunto. La principal reclamación es el desarrollo reglamentario de la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada en 2013, pero que nunca se ha llegado a implementar en Asturias. El Partido Popular ha anunciado que llevará una iniciativa a la Junta General para impulsarla. La diputada Gloria García ha señalado que, aunque la ley no solucionará todo, es un paso necesario. "No va ser la panacea, sin duda, pero hay que ir dando pasos", ha recalcado García. La diputada ha advertido de que si los protocolos son lentos y no atajan el problema de raíz, "la cosa cada vez va a ir a peor". El objetivo de la normativa es dotar de cobertura jurídica a los docentes, reducir los conflictos y recuperar la autoridad profesional perdida.  Desde CSIF señalan que la intromisión de algunas familias, la sensación de impunidad y la pérdida de respeto son algunas de las causas de esta escalada. Por ello, recalcan que los maestros y profesores "no son sacos de boxeo" y exigen a la Administración una respuesta inmediata.