El devastador efecto de las riadas del río Guadalquivir en Córdoba sobre las viviendas próximas empieza a ser una situación que se repite en el tiempo. Estos días en el que la confluencia de varias borrascas y el aumento del agua embalsada o los cauces han puesto en una situación muy delicada a la capital y varias localidades de su provincia ha vuelto al primer plano el episodio ocurrido en febrero de 2010 , donde las inundaciones aún fueron más dañinas. Más de tres mil personas fueron evacuadas de casi un millar de viviendas atrapadas entre el cauce desbocado y luego en hasta 800 toneladas de barro. Aquellas zonas residenciales eran parcelaciones ilegales situadas en zona inundable y que hoy, 16 años después, han vuelto a ver cómo se repetía la entrada de agua y la salida urgente de sus domicilios. Incluso hace menos de un año hubo una nueva crecida que no obligó al despliegue de estas horas, pero sí a evacuar algunas casas de los alrededores del aeropuerto -que ha vuelto a verse afectado ahora en sus instalaciones-. El riesgo de vivir junto al río Guadalquivir existe y no es flor de un día. Arrastra un espinoso contexto urbanístico, político y social de décadas por el que la norma indica a las claras dónde no se puede construir; la vigilancia parece laxa; el debate entra y sale de campañas electorales y la responsabilidad personal de hacerlo se esfuma y todo acaba teniendo consecuencias sociales cuando la catástrofe llama a la puerta . El problema urbanístico acaba convertido en uno social tamizado por el filtro político: centenares de personas que se ven sin nada en la calle de la noche a la mañana. En medio, un monumental despliegue de recursos y efectivos públicos para paliar los peligros y ayudar en la desgracia. Los datos también ponen consistencia a los hechos y los registros oficiales de población dejan claro que entre la gran riada de 2010 en Córdoba y la que acabamos de sufrir los habitantes de las zonas inundadas siguen creciendo sin freno. El Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) , que analiza datos por unidad de población hasta el más mínimo núcleo diseminado, revela que entre 2010 y 2026, las dos fechas con las grandes avenidas, hay más de un millar de nuevos vecinos en los puntos que han tenido que ser ahora desalojados o sus proximidades -que no han tenido que llegar a ser evacuados al contenerse finalmente al río Guadalquivir-. Según estos datos, a los que ha tenido acceso ABC, a comienzos de 2010, antes de que sucediera la gran riada de finales de febrero, una veintena de enclaves situados en torno al río en Córdoba y que ahora han estado también en la diana contaban con 15.896 residentes . El último dato disponible es de comienzos de 2025, y en esa fecha el volumen de habitantes de estos núcleos ya estaba en casi 17.000 (16.971). O lo que es lo mismo, un 7 por ciento más. Pero si se echa la mirada más atrás, a 2001, cuando se aprobó el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) , el censo de estas mismas veinte zonas era de 11.121 habitantes. Es decir, que en los últimos 25 años las márgenes del río han visto como la población asentada crecía un 52%. Desde entonces ha llovido mucho. Y sobre mojado. En los primeros años del siglo XXI se optó por una política urbanística más agresiva para intentar acotar y frenar un fenómeno donde también se ganaba mucho dinero roturando fincas, abriendo caminos y agrupando comunidades de propietarios que accedían a poder edificar una vivienda (en muchos casos segunda) de garantías y confort con menos coste que en pleno casco urbano. Luego llegaron tiempos de más laxitud en la disciplina urbanística y en buscar herramientas legales para regularizar la situación con servicios básicos (incluso sin disponer de la correspondiente licencia o permiso de ocupación). Sin entrar en un choque directo con miles de personas. Actualmente hay como unas 80 parcelaciones en el término municipal de Córdoba sobre suelo no urbanizable (o rústico) que requieren, según la vigente legislación andaluza (la LISTA), un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares : un proceloso y costoso camino burocrático para lograr las condiciones mínimas de salubridad y seguridad y el menor impacto posible sobre el terreno, reconociendo la propia irregularidad. Así la veintena de puntos que ahora se han visto afectados de lleno -o han estado muy cerca de serlo- engrosan en gran parte este grupo de asentamientos donde la administración accede a asumir dónde están a cambio de una serie de intervenciones básicas de infraestructuras. Y aún así, el peligro de inundación puede llegar a invalidar este atajo a la alegalidad. Otras están consideradas como suelo urbanizable. Pero todas ellas en un perímetro muy arriesgado y donde, obviamente, la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también tiene la palabra. Entrando en detalle en las cifras, lugares como Ribera Baja, Porrilas, el diseminado de Alcolea -que está junto al río-, Fontanar de Quintos, Majaneque, el Montón de la Tierra y Las Cigüeñas han ganado población desde 2010, pese a que entonces ya tuvieron que ser desalojados (y ahora también). En la Ribera Baja hay 28 habitantes más, 109 en el diseminado de Alcolea, 70 en Porrillas, 259 vecinos más en Fontanar de Quintos (junto al aeropuerto), 126 en la zona del Montón de la Tierra y hasta 19 en el Camino de Carbonell, otro de los puntos conflictivos. En Majaneque, otro lugar con desalojos que ya se vio afectado recientemente por la acción del arroyo Cardenchosa , el censo se mantiene desde 2010 con una ligera bajada de seis vecinos. Ha ocurrido igual en el Veredón de los Frailes (Villarrubia) donde la acción de los arroyos obligó a sacar a varias viviendas. Allí, por el contrario, según el INE, sí se ha producido una desecalada (209 personas menos). El nomenclátor recoge también la zona de Las Quemadillas , que aunque no se ha visto afectada, está en el área de influencia del río. Esta ubicación ha ganado 344 habitantes. Ocurre igual con el diseminado de Encinarejo, donde se han evacuado habitantes. Allí 25 nuevos vecinos en este tiempo. O como en las zonas de El Alcaide (140) o Santa Clara (44) y La Barquera (17). La propia barriada de Alcolea , en alguna de cuyas calles se ha tenido que intervenir, es otro ejemplo. hablamos de suelo urbano consolidado, pero con similar riesgo. Y en este punto principal la ganancia de residentes ha sido desde 2010 de 429.