El pasado noviembre, la sanción económica que la Policía local impuso al coruñés Pablo Montero por practicar surf durante una alerta naranja generó una oleada de malestar en el surf coruñés, y un temporal de pareceres encontrados en la opinión pública. El debate estaba servido en una ciudad acostumbrada a convivir con el mar: ¿Arriesgaba el deportista su vida y la de los posibles efectivos de rescate, o la medida era desproporcionada para un colectivo profesional que conoce y respeta el elemento?.