Las asociaciones Vitartis y Empresa Familiar de Castilla y León han elaborado un documento estratégico con cien medidas dirigidas a las administraciones públicas para favorecer el desarrollo del tejido empresarial en el medio rural y evitar la desaparición de empresas, empleo y servicios básicos en los municipios de la Comunidad. Castilla y León es la región más extensa de Europa y la que cuenta con mayor número de municipios de España. Una realidad que, según las asociaciones, exige políticas específicas y adaptadas a un entorno donde más del 98% de los municipios tiene menos de 1.500 habitantes, lo que supone una clara desventaja competitiva para las empresas que se asientan en ellos. Uno de los ejes centrales del informe es la necesidad de reformar la tramitación urbanística en los municipios más pequeños. Isidoro Alanís, presidente de empresa familiar de Castilla y León advierte de las consecuencias de no actuar. "Si no se agilizan los trámites urbanísticos y no se crea suelo industrial en los pueblos, muchas empresas acabarán desapareciendo. Y si desaparecen las empresas, desaparecen los puestos de trabajo y, con ellos, los propios municipios". Actualmente, un cambio de normas urbanísticas en un municipios de 1.500 habitantes puede tardar entre seis y ocho y requiere informes favorables de hasta 17 instituciones diferentes. Desde las asociaciones se reclama que estos procedimientos se reduzcan a un plazo de dos años. El documento también pone el foco en la poca capacidad técnica y administrativa de los ayuntamientos del mundo rural. El presidente también destaca que los municipios pequeños no cuentan con los recursos necesarios. "Un ayuntamiento de 1.000 habitantes no tiene la capacidad técnica de una gran ciudad, y eso hace imprescindible flexibilizar los procedimientos y permitir apoyo técnico externo", explica.  Por ello, se propone facilitar la subcontratación de asistencia técnica especializada para agilizar las tramitaciones urbanísticas y administrativas. Otro de los puntos clave es la necesidad de impulsar polígonos industriales adaptados a la realidad rural, con el respaldo de la administración autonómica. Las asociaciones consideran imprescindible generar suelo industrial para que las empresas puedan crecer y atraer nuevas inversiones. Como ejemplo, se citan municipios con 150.000 metros cuadrados de suelo calificado como industrial donde el desarrollo es inasumible para los ayuntamientos, pero viable con inversiones autonómicas de entre cuatro y cinco millones de euros. El informe técnico también recoge propuestas para mejorar la fiscalidad en el medio rural. Santiago Migue, presidente de Vitartis considera clave introducir incentivos económicos. "Con la situación actual es difícil que una familia joven se establezca en un pueblo si no existen incentivos claros que lo hagan atractivo", explica. Entre las medidas planteadas figuran rebajar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y bonificaciones de hasta el 100% en impuestos ligados a la adquisición o reforma de vivienda. Las asociaciones reclaman además mayor seguridad jurídica, evitando duplicidades normativas y regulaciones contradictoria. Santiago Miguel incide también en la importancia de la aceptación social de la actividad empresarial. Vitartis y Empresa Familiar de Castilla y León hacen una llamada a las administraciones públicas para que incorporen estas propuestas y ayuden a crear empleo y así frenar la despoblación en el medio rural.