Las últimas lluvias han vuelto a poner sobre la mesa la situación de las viviendas ilegales construidas en zonas inundables. A raíz de esta situación, el ayuntamiento ha activado los procesos de derribo de 10 viviendas. El propio alcalde, José María Bellido, ha calificado el problema de "callejón sin salida". El doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, José Roldán Cañas, explica que el conflicto tiene un doble problema. Por un lado, se trata de suelo no urbano, pero el principal escollo es que son "zonas de dominio público hidráulico". Como aclara el experto, esto significa que el terreno no es privado: "El suelo no es, digamos, de la persona que ha hecho la vivienda ahí. El suelo es público". Esta condición de suelo público hace inviable cualquier regularización, a diferencia de otras parcelas ilegales en terreno privado. "Ese terreno no se puede legalizar porque sigue siendo dominio público hidráulico", insiste Roldán. Además, advierte de que las inundaciones volverán a ocurrir, como en 2010 o 2011, causando importantes daños materiales en mobiliario y electrodomésticos, un riesgo muy distinto al asumido en infraestructuras como el aeropuerto de Córdoba, que se inunda con una frecuencia calculada. De cara al futuro, la situación es diferente. El representante de la Confederación Hidrográfica, Pedro Escribano, ha mencionado la importancia de la zonificación, y el experto confirma que ya existe un mapa de inundabilidad en Andalucía. Esta herramienta, que no existía hace años, permite saber con detalle qué zonas no se deben construir para evitar estos problemas. El problema, según Roldán, se extiende a otras zonas como las ramblas del sureste de Andalucía, donde la ocupación del terreno ha provocado que una riada pueda causar daños humanos. "Tenemos tendencia a ocupar un territorio que no deberíamos de ocupar", reflexiona el ingeniero, quien concluye de forma tajante que, aunque no pueda señalar culpables, tiene claro que "ahí no deberían de estar esa esa edificaciones".