El alcalde de Alicante , Luis Barcala, ha descartado presentar su dimisión por el escándalo de la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP) a cargos públicos y familiares, tal como le reclaman todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento (PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem) y su socio que lo respalda con sus votos (Vox). Y ha asegurado que cuenta con el respaldo del PP tanto en la Comunidad Valenciana como en Génova. El presidente de la Generalitat y de los populares en la región, Juanfran Pérez Llorca , ha corroborado este miércoles ese respaldo y, aunque ha expresado su «cabreo» por este reparto de pisos a precio más bajo del mercado entre privilegiados, ha considerado que las responsabilidades políticas están ya asumidas con las cuatro dimisiones. Hasta hora, han dejado sus cargos la concejal de Urbanismo, la directora general de Contratación, un arquitecto municipal y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo, a raíz de conocerse que familiares suyos habían resultado beneficiados en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. También este miércoles, se ha conocido que una juez ha abierto una investigación del caso, de momento en la fase de diligencias previas, a raíz de varias denuncias, la última de Manos Limpias, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. «Yo en lo que estoy es en trabajar por y para Alicante», ha afirmado el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado porque PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox le hayan pedido que deje la vara de mando. Igualmente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de VPP en esa promoción. «Yo estoy en ir cumpliendo, poniendo en marcha el presupuesto, poniendo en marcha todos los proyectos que tiene la ciudad de Alicante, que son muy importantes; esta ciudad tiene que estar moviéndose constantemente y eso es en lo que yo estoy», ha manifestado Barcala. Preguntado por cómo encara la recta final de la legislatura y si teme que Vox le retire el apoyo al equipo de gobierno del PP, ha indicado que «no» va a entrar en «especulaciones» ni «hipótesis». El alcalde ha defendido que está intentando «solventar los problemas que se plantean» sobre este asunto tras sus medidas «muy contundentes » para trasladar el mensaje de que «lo que se haya hecho de forma irregular no va a quedar impune en absoluto», al tiempo que ha reconocido que esta situación le «preocupa una barbaridad» y le ha «ofendido tremendamente». Por ello, ha incidido en que «quien no haya tenido derecho a acceder» a unos inmuebles que son VPP «no las van a tener» y ha dicho que movilizará «absolutamente todos los mecanismos», «en la medida en la que pueda intervenir» el Ayuntamiento, para que algo así «no» vuelva a ocurrir. No obstante, las competencias municipales son limitadas, ya que la gestión de las solicitudes de viviendas está en manos de la cooperativa, mientras que la verificación de si cumplen los requisitos recae en la Generalitat Valenciana. Barcala se ha comprometido a « compensar , de alguna forma, lo que se ha defraudado respecto a un tema tan sensible como es el de la vivienda, caiga quien caiga», y también a aplicar «absoluta dureza en las medidas» contra los infractores. De entra, el equipo de gobierno municipal restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a una VPP, en una medida a la que «se dará forma» en los próximos días, y ha instado a los otros grupos políticos a hacer lo mismo. «Nosotros tenemos un código ético que hemos suscrito todos y yo lo que estoy haciendo es llevar ese código ético un punto más allá», ha aseverado el alcalde. Por su parte, el 'president' de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su « cabreo e indignación» ante la polémica y ha garantizado que la actuación de la Conselleria de Vivienda al respecto será «muy exhaustiva». Al mismo tiempo, ha cargado contra «algunos jetas » que han «utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no las podían adjudicar», por no cumplir con los requisitos económicas. «Me indigna totalmente», ha expresado, en declaraciones a los medios en Orihuela (Alicante), donde ha asistido este miércoles a la presentación de los nuevos servicios regulares de transporte de la Vega Baja. Pérez Llorca ha garantizado que desde «el primer día» él «personalmente» ha exigido que, además de que le certificaran «en 24 horas» que el procedimiento que se había empleado en el caso de las VPP de Alicante «era el correcto», le pidió a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, que se revisara «expediente por expediente» para comprobar «si alguno no cumplía los requisitos». Pérez Llorca ha especificado que en la primera inspección «se detectó un caso» en el que, «al parecer, un funcionario de los que tenía que certificar los visados había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria». Pero ha valorado que este trabajador fue « apartado inmediatamente, suspendido de empleo y sueldo y se ha tramitado ese expediente a la Fiscalía para que se investigue». Sobre el caso de Alicante, ha subrayado de que ha «dimitido la concejal de Urbanismo, la directora general de Urbanismo y ha renunciado a su cargo el que era jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Alicante y que ahora trabajaba como asesor en la Generalitat».