El escándalo de la adjudicación de viviendas de protección oficial en el residencial Les Naus no es un episodio administrativo menor, el sonrojo para Alicante ya es a nivel nacional. Así lo percibimos una amplísima mayoría social y política en nuestro Alicante, un caso grave que está dañando la credibilidad de nuestras instituciones y que exige responsabilidades políticas inmediatas, como la dimisión del alcalde Barcala. Las VPO han de garantizar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, no para convertirse en un botín rapiñado entre funcionarios, cargos públicos y personas vinculadas al poder, valiéndose de su privilegiada información. Estas sospechas de privilegio y trato de favor no han sido despejadas por el alcalde Barcala, que en el pleno extraordinario se limitó al frío relato cronológico de trámites, esquivando las preguntas clave que se le formulaban.