El derecho a guardar silencio e incluso a mentir son garantías del proceso penal que asisten a las personas investigadas por un delito, si bien las actitudes de colaboración por parte de los encausados que resultan relevantes en el avance de la investigaciones sirven como atenuante de la condena. Es lo que ha sucedido con un hombre nacido en la República Dominicana y que regentaba un local de ocio nocturno en O Carballiño en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil llevó a cabo una redada en el interior. El varón no solo reconoció su implicación en el trapicheo de cocaína en el establecimiento, sino que quiso colaborar con los agentes del instituto armado y les confesó que en su domicilio guardaba más sustancias con el propósito de venderlas a terceros. Les dijo que quería entregarlas y los guardias acudieron a registrar su piso, con el consentimiento del sospechoso.