El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha registrado una moción para el próximo pleno con un objetivo claro: prohibir el acceso a las dependencias municipales a cualquier persona que oculte su rostro, señalando explícitamente el burka y el niqab. La formación justifica la medida en una doble vertiente: por un lado, la exigencia técnica de « seguridad » e identificación visual; por otro, el rechazo ideológico a unas prendas que, según sus portavoces, «someten y humillan a la mujer ». La iniciativa, que se debatirá en el pleno previsto para el último jueves de este mes, pretende establecer como requisito indispensable para acceder a los edificios públicos la identificación facial completa . Según los representantes de Vox en el municipio, la ocultación del rostro impide verificar la identidad de los usuarios y pone en riesgo el « correcto funcionamiento de los servicios públicos ». Aunque la norma se plantea de forma genérica para cualquier elemento que cubra la cara, incluyendo cascos de moto o pasamontañas , el foco principal del discurso político de la formación se centra en las prendas asociadas a mujeres musulmanas. Carlos Chinchilla, edil de Vox en Rincón de la Victoria, ha explicado que la intención es «regular el acceso a las dependencias municipales para que se pueda identificar a la persona» y garantizar la seguridad tanto de los empleados públicos como del resto de usuarios. La propuesta busca establecer « condiciones objetivas » de acceso, argumentando que elementos que cubren el rostro imposibilitan la verificación de la identidad de quien realiza un trámite administrativo o accede a un servicio municipal. Desde la formación insisten en que la medida se aplica «con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa ». José Antonio Rodríguez, también concejal de Vox en la localidad, ha reforzado este argumento mediante una comparativa directa con normas de seguridad ciudadana comunes: «Si tú no puedes entrar con un casco de moto a un ayuntamiento ni a un ministerio porque no se te ve la cara, ¿por qué puede entrar una persona con un burka ?». Rodríguez ha subrayado que en espacios como aeropuertos o supermercados ya existen restricciones similares por motivos de seguridad, y cuestiona por qué la administración local debería ser una excepción. En la justificación técnica de la iniciativa, Vox defiende que la ocultación del rostro dificulta la prevención de suplantaciones y compromete la seguridad de usuarios y empleados públicos. La regulación propuesta no se extiende a la vía pública , ámbito en el que el Ayuntamiento carece de competencia para imponer restricciones generales de vestimenta. La moción invoca, entre otros, los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española; y las competencias municipales previstas en los artículos 25.2 y 84 de la LRBRL en materia de seguridad, convivencia y gestión de instalaciones municipales. Esta postura busca marcar distancias con acusaciones de discriminación religiosa. Chinchilla ha insistido en que la medida no va contra el Islam en sí, sino contra la imposibilidad de identificar a una persona. «A lo mejor va una persona que no tiene nada que ver con el Islam y se pone un burka para cometer un ilícito », ha argumentado el edil, reforzando la idea de que la prohibición debe ser universal para cualquier prenda que impida ver el rostro. Esta iniciativa no es un caso aislado, sino parte de una estrategia coordinada que Vox está desplegando a nivel nacional en diversos ayuntamientos. La propuesta ya ha sido registrada en municipios como Martos (Jaén) , Gijón, Dos Hermanas (Sevilla) o Torrent (Valencia), buscando abrir un debate sobre la seguridad y los símbolos religiosos en espacios públicos. Los resultados hasta la fecha han sido desiguales, dependiendo en gran medida de la aritmética política local y de los informes jurídicos de cada consistorio. En Mallorca, municipios como Sa Pobla y Felanitx han aprobado   regulaciones similares para prohibir el acceso a edificios públicos con el rostro cubierto, contando en ocasiones con el apoyo del Partido Popular, un precedente que Vox espera replicar en Rincón de la Victoria. Sin embargo, en otras ciudades como Gijón , la propuesta no prosperó tras alegarse motivos legales por parte de la alcaldía, lo que evidencia la complejidad jurídica del asunto. La viabilidad jurídica de estas prohibiciones municipales ha sido cuestionada previamente por la justicia española. El Tribunal Supremo   anuló en 2013 una ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del velo integral en espacios municipales, sentenciando entonces que los ayuntamientos carecen de competencia para limitar un derecho fundamental, como la libertad religiosa, sin una ley nacional previa que lo habilite expresamente. Vox es consciente de estos precedentes, pero insiste en plantear la batalla desde la perspectiva de la seguridad y el funcionamiento de los servicios públicos, encomendando a los servicios jurídicos municipales la redacción de una norma interna que se ajuste a la legalidad vigente. El debate definitivo tendrá lugar en el Salón de Plenos el próximo jueves 26 de febrero. Será entonces cuando el equipo de gobierno del PP en Rincón de la Victoria deba posicionarse ante una moción que Vox presentará para «ver la postura que adoptan el resto de partidos » frente a la prohibición del velo integral en los edificios públicos.