A Asaja Córdoba no le cuadran los precios en origen del aceite de oliva en un contexto de merma importante de la recolección y producción. La organización agraria cordobesa ha presentado una denuncia formal ante la Agencia de Información y Control Alimentarios ( AICA ), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la «existencia de indicios claros de una posible distorsión en la formación de los precios en origen» durante la presente campaña 2025/2026. Según una nota remitida por esta organización, «la actual evolución del mercado podría estar vulnerando el espíritu y los principios fundamentales de la Ley de la Cadena Alimentaria cuyo objetivo es garantizar una distribución sostenible del valor añadido entre todos los eslabones de la cadena», recuerda Asaja. De este modo, denuncia que la campaña está marcada por una «reducción excepcional de la producción». Desde noviembre de 2025, las lluvias persistentes en Andalucía han provocado la imposibilidad de recolectar en amplias zonas -agravado por el tren de borrascas desde comienzos de año -, pérdidas de aceituna en el suelo y rendimientos anormalmente bajos. Asaja estima que en la provincia de Córdoba hay una reducción del 35% respecto a la previsión inicial del ministerio. A nivel nacional, la producción podría situarse en torno un 20% menos de lo estimado inicialmente, mientras que la producción mundial también se prevé inferior a la campaña anterior. Sin embargo, «y de forma contradictoria a cualquier lógica económica básica», los precios en origen han registrado una caída cercana al 20%, pasando de 5,22 euros el kilo el 16 de noviembre de 2025 a 4,33 euros por kilogramo el 9 de febrero de 2026 . «Una reducción de la oferta del 20–35% no puede traducirse en una bajada de precios de esa magnitud sin la existencia de factores distorsionadores». La organización agraria considera que los hechos podrían estar relacionados con posibles infracciones del artículo 3 de dicha ley, relativo a los principios de transparencia, equilibrio y buena fe en la cadena alimentaria; artículo 4, sobre prácticas comerciales desleales, incluyendo «la alteración artificial de precios o la generación de expectativas de mercado no justificadas » y del artículo 9, que establece que el precio debe cubrir los costes efectivos de producción y basarse en criterios objetivos y verificables. Por estas razones, la organización anuncia que ha solicitado a la AICA la apertura de una investigación oficial sobre la formación de precios , la identificación de posibles operadores o prácticas que estén generando distorsiones contrarias a la normativa, la adopción de medidas correctoras y, en su caso, sancionadoras, así como la publicación de conclusiones que «aporten transparencia y garanticen precios justos para los agricultores».