El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, liderado por Alicia García, impulsará el próximo 18 de febrero un conflicto de atribuciones en la Cámara Baja que afectará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ausentarse del Pleno extraordinario del pasado 29 de enero para comparecer acerca de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida que provocaron 47 muertos . Este será el duodécimo conflicto de atribuciones que los populares del Senado presentan en esta legislatura y si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento —que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en esta Cámara— Pedro Sánchez no comparece ante la Cámara Baja, acudirán al Tribunal Constitucional. En este caso, sería el primero que afecta directamente al líder del Ejecutivo en la historia de la democracia . Según ha afirmado García, Sánchez se mantiene en una «rebeldía parlamentaria y constitucional frente al Senado y la obligación de rendir cuentas». Ha reconocido, además, que defenderán «los derechos de los españoles con todos los instrumentos parlamentarios, políticos y judiciales» a su alcance ya que «nadie está por encima del Parlamento ni de la Constitución. Ni siquiera el presidente del Gobierno». El Grupo Parlamentario Popular justifica la presentación de este nuevo conflicto de atribuciones al «haber impedido el líder del Ejecutivo que el Senado pueda ejercer una de las atribuciones constituciones que tiene encomendadas: la función de control al Gobierno». Señalan que la ausencia del secretario general de los socialistas provocó que la Cámara Baja no pudiese cumplir el artículo 66.2 de la Constitución, que afirma que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno». Además, el artículo 110.1 establece que «las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno», algo que solicitaron en el Pleno extraordinario del 29 de enero y que Sánchez no cumplió tras la solicitud de la Junta de Portavoces. El líder del Ejecutivo deberá responder ante el Senado en un plazo de 30 días —desde que se apruebe el requerimiento— para evitar el conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Este sería el duodécimo conflicto de atribuciones que el PP impulsa en la Cámara Baja y, ahora mismo, todos los demás están en tramitación en el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. Uno de los más sonados se presentó en noviembre, cuando los populares anunciaron que llevarían al Constitucional al Gobierno por no presentar a tiempo los Presupuestos Generales del Estado. En ese momento, afirmaron que las probabilidades de lograr una respuesta favorables por parte del órgano liderado por Conde-Pumpido son muy escasas debido a la mayoría progresista que lidera la institución . Los de García también presentaron un conflicto de atribuciones contra el Congreso a finales de octubre por las 34 leyes que mantenía bloqueadas tras su aprobación en el Senado. En su momento, los populares entendían que no era admisible evitar que estas fueran debatidas cuando muchas de ella —17— tenían el apoyo de otros partidos en la Cámara Alta.