El abogado Jorge Iribarren, de Bufete Iribarren Abogados, ha lanzado una advertencia a los compradores de vehículos en España: el tiempo para reclamar por el conocido como "cártel de coches" se está agotando. Según ha explicado, las primeras prescripciones para presentar las demandas comenzarán a partir de abril, por lo que es crucial que los afectados actúen con celeridad para no perder su derecho a una indemnización. El caso se remonta al periodo comprendido entre 2006 y 2013, cuando un grupo de 30 marcas de automóviles pactó precios y estrategias para alterar las condiciones del mercado. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impuso sanciones millonarias a estas empresas, y aunque fueron recurridas, las sentencias comenzaron a ser firmes en 2021, abriendo un plazo de cinco años para que los consumidores pudieran presentar sus reclamaciones. La cuenta atrás ya ha comenzado, puesto que el 20 de abril prescribe el plazo para Peugeot, y en mayo lo harán otras marcas como BMW, Chrysler y Fiat. El abogado subraya que, aunque la jurisprudencia inicial no era clara, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han consolidado el derecho a reclamar. La compensación media se sitúa en torno a los 2.000 euros por vehículo, lo que representa entre un 8% y un 9% del valor de compra. Para facilitar el proceso, Iribarren ha mencionado la existencia de herramientas online, como la web 'carteldecochesnavarra.es', donde los usuarios pueden calcular el perjuicio económico sufrido. Aunque es necesario un informe pericial para formalizar la demanda, asegura que los costes se han abaratado gracias al volumen de casos gestionados. "Realmente ahora nos encontramos que está viendo otra vez un volumen importante de clientes que quiere reclamar", ha comentado Iribarren. La investigación de los casos del cártel ha destapado otra irregularidad: los préstamos personales vinculados a la compra de coches. El abogado ha detectado que muchas financieras aplicaban un interés (TAE) superior al publicitado, lo que supone una "falta de transparencia". Además, ha identificado comisiones de apertura de hasta el 4%, muy por encima del límite del 1,5% que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta falta de transparencia puede llevar a la nulidad del contrato del préstamo, ya que, según ha explicado, "estamos consiguiendo que esos contratos se declaren nulos". Esto permite a los clientes reclamar la devolución de los intereses pagados de más, una cantidad que en ocasiones puede ser muy significativa. "A un cliente que pidió un préstamo de 20.000 euros para comprar el vehículo (...) igual han pagado 13.000 euros de intereses", ha señalado como ejemplo. Finalmente, Iribarren ha lamentado la necesidad de tener que recurrir a la vía judicial constantemente, afirmando que "es una pena que se tenga que estar todo el día reclamando". No obstante, también ha observado un cambio positivo, ya que a raíz de estas demandas, las entidades financieras están empezando a ajustar sus prácticas, aplicando comisiones correctas y siendo más transparentes con los intereses.