La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la provincia de Málaga con la detención de 16 personas. Los arrestados formaban parte de una organización criminal que gestionaba tres burdeles, dos en Málaga capital y uno en la localidad de Marbella, donde mujeres jóvenes de origen extranjero eran sometidas a condiciones abusivas para lucrarse a su costa. En estos establecimientos, además de la explotación sexual, se traficaba con drogas y se vendían potenciadores sexuales sin ningún tipo de control sanitario, según ha informado el cuerpo policial. La investigación, bautizada como operación 'Garibaldi/Sol/Dumas', se inició hace seis meses gracias a la valiente denuncia de una de las víctimas. La mujer, tras lograr llegar a la provincia de Córdoba, decidió relatar el infierno que había vivido en una de las casas de citas de la red en Málaga. Su testimonio, detallando las circunstancias de la explotación, fue la pieza clave que permitió a los investigadores tirar del hilo y desmantelar por completo el entramado criminal. La organización presentaba una estructura muy definida. En la cúspide se encontraba el cabecilla de la trama, un hombre de 43 años encargado de supervisar el funcionamiento de los tres prostíbulos, situados en la zona centro y Campanillas en la capital, y en Marbella. Dentro de la estructura destacaba también una pareja que gestionaba una de las casas y utilizaba su propio domicilio, donde residía su hijo menor de edad, como almacén para las sustancias estupefacientes. Entre los dieciséis detenidos figuran también cuatro mujeres. Una de ellas, de 38 años, representa un caso particular de la dinámica interna de la red, ya que logró ascender desde su posición inicial como víctima que ejercía la prostitución a convertirse primero en encargada y, finalmente, en socia del cabecilla, participando activamente en el negocio. Otro de los roles clave era el de un hombre de 34 años, conocido como ‘El Doctor’. Su función era suministrar las drogas a la red y, además, era quien inyectaba anabolizantes al propio líder de la trama. Por estos hechos, se le imputa también un delito contra los derechos de los trabajadores. A todos los arrestados se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delito relativo a la prostitución, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. El control sobre las mujeres era férreo y constante. Los encargados de los pisos tenían sus funciones muy bien delimitadas para asegurar el sometimiento de las víctimas. Eran responsables de enseñarles la casa y leerles un estricto conjunto de normas, solicitarles fotografías de "pose natural" y otras "de trabajo" para crear catálogos de promoción entre los clientes. Este control se extendía hasta el momento en que una mujer dejaba el piso, siendo inmediatamente eliminada de los canales de comunicación y su nombre borrado de una pizarra donde se registraban las entradas y salidas. La red aplicaba un sistema de pagos en diferido, abonando a las mujeres la semana trabajada ya vencida. Esta estrategia aseguraba que, si alguna se mostraba "rebelde" o incumplía las normas, podía ser expulsada en cualquier momento, perdiendo todo el dinero ganado durante esa semana. Con esta medida de coacción, la organización minimizaba cualquier pérdida económica ante la posible baja de una de las mujeres y mantenía una disciplina implacable. La organización imponía a las víctimas una disponibilidad de 24 horas al día. Para conseguir una plaza, debían superar una semana de prueba sin un solo día de descanso. Una vez aceptadas, solo podían ausentarse del prostíbulo durante dos o tres horas al día, y siempre con la autorización previa de los responsables, para "hacer sus cosas". El control se reforzaba mediante un sistema de cámaras de vigilancia instalado en el interior de los inmuebles. Además, la red rotaba a las mujeres entre los diferentes burdeles para renovar la "oferta" a la clientela. Si el número de chicas superaba la capacidad de las camas, se veían obligadas a dormir en cojines en el suelo entre un servicio y otro. Las normas internas eran explícitas y su incumplimiento acarreaba sanciones económicas. Durante los registros, los agentes encontraron carteles con indicaciones por toda la casa. En una de las habitaciones, un cartel plastificado detallaba obligaciones como "cambiar sábanas y toallas, no dejar copas ni vasos, no dejar solo al cliente y acompañarlo; sacar la basura de la papelera, aunque sea con un solo papel". Todo ello iba acompañado de una clara advertencia. La vulnerabilidad de las víctimas era una herramienta clave para la organización. Además de la explotación sexual, se incitaba a las mujeres al consumo compartido de drogas con los clientes, una práctica que no solo aumentaba la dependencia y el control sobre ellas, sino que también potenciaba las ganancias del negocio del narcotráfico. Los encargados gestionaban directamente con los clientes la venta de potenciadores sexuales, consolidando otra importante vía de ingresos para la red criminal. Como resultado de la operación, cuatro mujeres han sido liberadas. Una de ellas está reconocida oficialmente como víctima de trata de seres humanos, ya que fue captada en su país de origen por la organización y traída a España bajo engaño para ejercer la prostitución, generándole una deuda que aumentaba constantemente. Las otras tres mujeres han sido liberadas como víctimas de explotación sexual. En el momento de las redadas, los investigadores encontraron a una veintena de mujeres ejerciendo la prostitución en los tres burdeles. El perfil era homogéneo: todas jóvenes procedentes de países latinoamericanos, con historias personales complejas, gran necesidad económica y, en muchos casos, con hijos a su cargo en sus países de origen. En los siete registros practicados —tres en las casas de citas y cuatro en los domicilios de los principales investigados—, la Policía Nacional intervino más de 35.300 euros en metálico, diversas cantidades de droga (55,5 gramos de cocaína, 50,7 gramos de Tusi o cocaína rosa, 24,99 gramos de marihuana y 0,69 gramos de éxtasis en formato de sellos), así como numerosos fármacos potenciadores sexuales, cinco botellas de óxido nitroso, tres armas largas simuladas y cuatro armas cortas simuladas. Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los detenidos. La operación ha sido desarrollada de manera conjunta por el Grupo III de la UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba y agentes de la Comisaría de Marbella. La Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono 900 10 50 90 y del correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.