La reforma del Código Penal para combatir la multirreincidencia en delitos de hurto ha llegado finalmente al Congreso de los Diputados para su votación. Impulsada por una fuerte presión de los municipios del área metropolitana de Barcelona, esta modificación legislativa busca poner coto a una situación que ha generado una profunda alarma social y una sensación de impunidad. La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, en representación de los alcaldes, ha defendido la urgencia de dotar a los ayuntamientos y a la justicia de herramientas más contundentes para actuar contra delincuentes que cometen delitos de forma reiterada, describiendo la situación actual como insostenible. El principal problema que aborda la reforma es el fenómeno conocido popularmente como la "puerta giratoria". Según han denunciado en repetidas ocasiones los responsables municipales y los cuerpos policiales, los delincuentes multirreincidentes "entran por una puerta y salen por la otra". Farrés ha recordado casos extremos de individuos que han sido detenidos hasta en 50 ocasiones sin que ello tuviera consecuencias penales efectivas. Esta dinámica no solo perpetúa el ciclo delictivo, sino que también provoca una enorme frustración en la policía, que ve cómo su trabajo resulta estéril, y un creciente sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. La modificación legislativa introduce cambios clave para aumentar la contundencia de la respuesta penal. En primer lugar, se contempla un aumento de las penas para los hurtos cometidos por delincuentes multirreincidentes. La reforma permitirá imponer penas de prisión de hasta un año, un cambio sustancial que, según Farrés, debe actuar como un importante elemento de disuasión. "Con más penas, al final, también hay un punto de disuasión ante el acto", ha señalado la alcaldesa, quien confía en que esta medida reduzca el atractivo de cometer estos delitos. Otro de los puntos fundamentales es que se otorgan más herramientas a los jueces para que puedan actuar con mayor firmeza en estos casos. Hasta ahora, la levedad de las penas asociadas a los hurtos dificultaba la adopción de medidas cautelares o condenas más severas, incluso en casos de reincidencia sistemática. Con el nuevo marco legal, se espera que los delincuentes no solo enfrenten consecuencias más serias, sino que se envíe un mensaje claro de que sus acciones no quedarán impunes. El objetivo, según los impulsores de la reforma, es evitar que robar un teléfono móvil, con el acceso que ello implica a datos bancarios y personales, se salde sin consecuencias. Marta Farrés ha enviado un mensaje directo a los grupos parlamentarios del Congreso: "dennos instrumentos para que se pueda actuar". La alcaldesa de Sabadell subraya que la multirreincidencia es una realidad tangible en las calles y que "los problemas se han de afrontar de cara". Para los alcaldes, esta reforma no es una cuestión ideológica, sino una necesidad práctica para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La delincuencia, ha dicho Farrés, "no es un problema de un barrio o de otro", ya que los delincuentes se desplazan, extendiendo el problema por todo el territorio. Finalmente, la alcaldesa ha querido desvincular este problema de cualquier discurso xenófobo, aclarando que "no todos los delincuentes son inmigrantes", y ha defendido que garantizar la seguridad es también "una política progresista". En este sentido, ha insistido en la necesidad de abordar la delincuencia desde una perspectiva integral, sin estigmatizar a ningún colectivo. "Estamos para resolver los problemas de la gente y dar soluciones", ha concluido, defendiendo la necesidad de enviar un mensaje contundente contra la impunidad. "No queremos que en nuestras ciudades los delincuentes campen a sus anchas".