Compromís per València ha alquilado por dos noches el interior de un apartamento turístico de la Malva-rosa que, según el gobierno municipal, forma parte de los “1.000 pisos ilegales que María José Catalá dice que ha cerrado”. La realidad, sin embargo, es otra: el piso sigue activo y puede reservarse sin ningún impedimento en plataformas como Booking, una situación que, según ha podido comprobar la formación valencianista, se repite en otras viviendas de uso turístico supuestamente clausuradas. Compromís ha reprochado a Catalá las declaraciones realizadas hoy mismo, en las que habla de una reducción del 14% de apartamentos “cuando la realidad demuestra todo lo contrario”. La formación valencianista ha alquilado el apartamento como podría hacerlo cualquier turista, simplemente accediendo a una de las plataformas en las que se anuncia. Según ha explicado Papi Robles, “estamos en uno de los apartamentos que Catalá dice que ha cerrado. Ni son 1.000, ni están cerrados. Es una operación de propaganda que no resiste la prueba de los hechos. La alcaldesa miente”. La concejala valencianista ha explicado que Compromís solicitó el listado completo de los supuestos 1.000 apartamentos clausurados. El Ayuntamiento negó inicialmente el acceso a la información, pese a que la Mesa del Pleno y posteriormente el Síndic de Greuges instaron al gobierno a facilitarla. Finalmente, según ha relatado, el consistorio remitió un documento en formato PDF con las direcciones acumuladas y sin ninguna sistematización que facilitara su comprobación. “Pero si pensaban que con un PDF farragoso nos conformaríamos, es que no conocen a Compromís”, ha señalado Robles. La coalición valencianista ha analizado el documento y asegura que el listado no alcanza los 1.000 casos anunciados, sino que se queda en poco más de 800. Además, muchas de las resoluciones no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección. “Su política es papel mojado: no protege al vecindario frente a los abusos, no hace cumplir la legalidad y siempre trabaja para favorecer a los especuladores, a quienes nos están expulsando de nuestros barrios”, ha afirmado Papi Robles. El apartamento fue denunciado en abril de 2024 por la Policía Local y recibió una orden de cierre en mayo del mismo año. Pese a ello, en noviembre de 2024 fue dado de alta en el registro de la Generalitat como vivienda turística, en plena moratoria municipal. Y, dos años después, sigue funcionando con normalidad. “Lo hemos podido alquilar sin ningún problema. Esto es lo que vive el vecindario cada día: anuncios de cierres que no se cumplen y pisos que siguen operando como si nada”, ha denunciado la portavoz del primer partido de la oposición. Robles ha recordado que Compromís ha presentado miles de denuncias de apartamentos ilegales a través de la web de la formación quenotetiren.com y que trasladó más de 5.000 direcciones al Ministerio de Consumo. “Llevamos años trabajando contra la especulación turística, mientras Catalá hace titulares”, ha señalado. El gobierno municipal asegura que en sólo dos años y medido ha conseguido reducir el número de apartamentos turísticos en un 14%, según los datos estadísticos oficiales registrados en el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit Valencia, entidad pública conformada por el Ayuntamiento de Valencia y empresas locales del sector turístico. Desde el Ayuntamiento aprobó la moratoria que suspendía la concesión de licencias de apartamentos turísticos, en mayo de 2024, el número de apartamentos registrados en la base de datos de Visit Valencia se ha reducido de 10.516 a 9.057. Al respecto, la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha recordado que “los gobiernos municipales de Compromis y PSPV nos dejaron en Valencia una situación caótica. No solo dejaron a la ciudad sin una regulación clara que impidiera el incremento desmedido de apartamentos turísticos, sino que tampoco pusieron en marcha las inspecciones y no declararon el cierre de las actividades ilegales”. Además, la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento continúan con la labor inspectora para detectar y sancionar apartamentos turísticos sin autorización. En relación con esta labor, se han interpuesto más de mil denuncias en los dos últimos años, frente a las apenas 115 denuncias tramitadas en los 8 años por el gobierno de Compromís y PSOE. “Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos”, ha destacado Llobet Por otro lado, cabe recordar que la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad.