El Área de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional en Castilla y León propuso el pasado año para sanción a 82 pilotos de drones por distintas infracciones, siendo la «más habitual» la no comunicación al Ministerio del Interior de vuelos realizados en entornos urbanos. Según comunicado de la Delegación del Gobierno, «el notable aumento» del uso de drones en los últimos años, especialmente en entornos urbanos, ha hecho «necesario reforzar las labores de vigilancia y control». En este contexto, la Policía Nacional supervisó en 2025 más de 1.500 operaciones con drones. Además, desde el CNP, se recuerda que el uso de aeronaves no tripuladas en zonas urbanas requiere «una adecuada comunicación, planificación y coordinación previas», con el fin de garantizar tanto la seguridad ciudadana como la del tráfico aéreo. El incumplimiento de la normativa de seguridad aérea puede conllevar propuestas de sanción ante AESA, con multas que oscilan entre 60 y 225.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. Estas sanciones son independientes de las que pudieran imponerse por la falta de comunicación previa exigida por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya competencia sancionadora corresponde a la Delegación o Subdelegación del Gobierno.