La Guardia Civil ha comunicado a la juez que investiga la gestión de la dana desde los juzgados de Catarroja que recuperar los mensajes borrados que intercambiaron José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, y el propio expresidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 sólo es posible activando mecanismo de cooperación judicial internacional. En un oficio de fecha 9 de febrero, el instituto armado responde a la magistrada a la pregunta de cómo podría solicitar a los titulares de WhatsApp y Telegram los mensajes que Cuenca mandó y recibió de Mazón, de los imputados, la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso, así como del exsecretario autonómico de Presidencia y otros altos cargos del departamento valenciano de Justicia. Unas comunicaciones inexistentes después de que el exjefe de gabinete devolviera el terminal reseteado, un Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, que usó el día de la dana. No obstante, de acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el smartphone fue reseteado el 7 de enero de este año, antes de su entrega a la DGTIC, «por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados». Asimismo, puntualiza la instructora que Cuenca dio su autorización para que se procediera al acceso a su línea telefónica para recuperar, si fuera posible, los mensajes, después de que tres técnicos de la DGTIC no lograran en sede judicial restituirlos introduciendo su tarjeta SIM. Ahora, la Guardia Civil, a través de la capacidad técnica que ostenta su Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, advierte que para los mensajes de WhatApp se necesitaría una Comisión Rogatoria Internacional dirigida a obtener los datos que la compañía pudiera tener en EEUU y, por parte de Telegram, aún más complicado, una orden europea de investigación a la segunda empresa en Bruselas. En cuanto a la red social propiedad de Meta, la Benemérita elude en su informe que en caso de que la cooperación voluntaria no sea una solución viable, «cuando las autoridades soliciten la divulgación de datos de tráfico o de contendido, o cuando sea necesario para garantizar la admisibilidad de los datos obtenidos como prueba de conformidad con ala legislación nacional, las autoridades competentes deberán seguir un proceso de asistencia jurídica mutua (MLA)». «En este caso, WhatsApp Inc. en EEUU es la entidad correcta a la que dirigirse, y no WhatsApp Irlanda», concreta. Los investigadores confirman que WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados. Además, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores después de 30 días. «Para mejorar el rendimiento y entregar los mensajes multimedia de manera más eficiente, como cuando muchas personas comparten una foto o un video popular, WhatsApp puede conservar ese contenido en sus servidores durante un periodo de tiempo más largo«, indica el reporte entregado por el instituto armado a la juez de Catarroja. Asimismo, sigue, cuando un usuario elimina su cuenta, WhatsApp «elimina la información conservada; el proceso puede tardar hasta 90 días y las copias de la información del usuario pueden conservarse durante un periodo de tiempo más largo como copia de seguridad para recuperar los datos perdidos en caso de desastre, error de software u otro evento de pérdida de datos. En tales casos, las copias de algunos materiales como los registros de actividad, pueden permanecer en la base de datos de la empresa, pero se desvinculan de los identificadores personales». Por todo ello, apunta la Guardia Civil que toda posibilidad de recuperarlos pasa por solicitar una comisión rogatoria a EEUU. En todo caso, para solicitar el contenido «se deberían especificar los identificadores válidos de los usuarios sobre los que se solicitan los datos». En concreto, se debería identificar «de forma clara» los números de teléfono, incluyendo su prefijo internacional (+34 en este caso), de los usuarios de las aplicaciones de mensajería instantánea sobre los que se solicitan los datos, es decir, 'el contenido de las conversaciones mantenidas entre los usuarios con número de teléfono +34XXXXXXXX y +34ZZZZZZZZ«. En cuanto a Telegram, en las directrices que la unidad tiene para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades judiciales redactas en el marco del Proyecto Sirius de Europol «no se indica la posibilidad de solicitar contenido de las conversaciones, por lo que se desconoce si atienden a dichas peticiones». De cualquier modo, indica que «la única forma viable sería la expedición de una Orden Europea de Investigación dirigida a Telegram Messenger INC Avenue Huart Hamoir 71, 1031, Brussels, Belgium».