La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant , ha apelado a que Vox respalde un cambio en el decreto de 2024 que regula la normativa de viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, tras el «escándalo» de las adjudicaciones en la promoción Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. Al mismo tiempo, ha acusado a los voxistas de estar «hipócritamente poniéndose del lado de la defensa de lo público» porque «fue Vox con el PP» quienes «cambiaron las normas precisamente para permitir la perversión». «Quiero poner a Vox delante del espejo», ha apostillado. Así lo ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de los socialistas en la provincia de Alicante, antes de reunirse con representantes de asociaciones de vecinos de la capital alicantina para analizar la situación de la vivienda pública en la ciudad. Según Morant, de las 140 viviendas de Les Naus «al menos once» hasta el momento «tienen sospecha de adjudicación». En esta línea, ha incidido en que el PP aprobó la modificación de esa norma «que ha convertido en legal lo que es absolutamente ilegal». «A la gente de Vox yo le digo que, si quieren demostrar que efectivamente no son cómplices de que volvamos al pelotazo urbanístico en la Comunitat Valenciana, lo que tienen que hacer es impulsar, o si lo impulsamos nosotros, que volvamos a la norma anterior», ha enfatizado. Sobre ese cambio de 2024, ha incidido en que el PSPV votó en contra y ha sostenido que con la normativa vigente no hay que «estar dentro» de los demandantes de VPP y que «puedes cobrar hasta 3.000 euros al mes» y optar a los inmuebles. También se ha referido a que «el Ministerio de Vivienda va a hacer alegaciones a esa nueva ley del suelo» porque «se vuelve a permitir la construcción en terrenos no urbanizables» y «protegidos». «Hemos vuelto al Levante feliz, al de la especulación pura y dura a través de la vivienda, en un momento en que justamente todas las políticas públicas tienen que estar alineadas justo para lo contrario, para impedir la especulación y para facilitar la entrada en vivienda de los jóvenes y de las familias», ha resaltado. Por otro lado, ha pedido al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda incoar «un expediente de devolución de estas adjudicaciones, que son, desde luego, el producto de todo un sistema que ha sido corrompido». «¿Alguien cree que es casualidad que justamente conformen esa cooperativa y sean adjudicatarios una concejal, el técnico municipal, el jefe de gabinete de una consellera?», ha asegurado Morant, quien considera que desde el PP «se aprovechan del dinero público» y «de la vivienda pública». Al respecto, ha apuntado: «Esto es lo que vamos a exigir los socialistas, que devuelvan la vivienda, porque, oiga, qué fácil es apuntarse a política, estar dos añitos y medio de concejal y acabar llevándote tres pisitos». La polémica ha llegado tras conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. Igualmente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante incoó este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de estos pisos, tras la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala Gómez, una exdirectora general y otros empleados municipales. Morant, que considera que las adjudicaciones de estas VPP a personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante «no son casualidades», ha avanzado que el PSPV pedirá personarse ante el juzgado en la causa a medida que avancen las diligencias. «Nosotros entendemos que aquí ha habido delito y, si hay delito, dentro de la persecución del delito está resarcir a la administración pública, que devuelvan lo que han conseguido a través de esta actividad delictiva», ha sentenciado. Al respecto, ha zanjado: «No hace falta que llegue la justicia a una condena para que la política actúe, de manera que habría que revisar completamente todo el proceso de adjudicación y, desde luego, con estos indicios hay que incoar expedientes de reversión de estas adjudicaciones». Morant también se ha referido a que el grupo socialista ha pedido en Les Corts constituir una comisión de investigación sobre la polémica de las VPP para que comparezcan allí el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el exjefe del Consell, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien ha vuelto a exigir la dimisión, y «también Vox» porque junto «con el PP en el año 2024» fueron «quienes cambiaron las normas». «La alcaldía le echa la culpa a la Generalitat, la Generalitat le echa la culpa a la alcaldía, pero yo quiero recordar, señoras y señores, que son el mismo partido, que es el PP», ha manifestado la líder de los socialistas valencianos.