El Gobierno central ha retomado de nuevo el Reglamento de Costas que, entre otros efectos, limitará la duración de las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la primera línea de mar en la que se asientan industrias, pero también viviendas, lonjas, depuradoras o centros de salud. El Ministerio para la Transición Ecológica ya intentó sacar adelante al principio de esta década esta controvertida reforma, pero el Tribunal Supremo la anuló en enero de 2024 al no cumplir con el trámite de participación pública. Como sucedió entonces, la Xunta rechaza también ahora de plano las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerar que se hace por la puerta de atrás y con el claro objetivo de restringir los usos y las actividades en la costa.