La aprobación en el Congreso de la ley que endurece la respuesta penal a la multirreincidencia no es un simple giro punitivo más en el Código Penal. Debería ser la respuesta –tardía, pero necesaria– a un fenómeno creciente de pequeños hurtos y robos encadenados que alimentan la sensación de impunidad en muchas ciudades y barrios. La propia exposición de motivos reconoce que la reiteración de delitos leves genera alarma social y erosiona la confianza en el sistema. Hasta hoy, encadenar hurtos de menos de 400 euros apenas tenía consecuencias penales serias; ahora, a partir de tres condenas previas, esos comportamientos podrán conllevar penas de hasta tres años de prisión y medidas como prohibiciones de acceso a determinadas zonas o comercios. No hablamos de delincuencia violenta, pero sí de una realidad que vecinos y comerciantes conocen de sobra y que pesa –y mucho– en la percepción de inseguridad en la calle.