El PSOE-A ha acusado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, de imponer un "veto" a la comisión de investigación parlamentaria sobre la trama de mordidas vinculada al PP de la provincia de Almería. La iniciativa ha sido rechazada en el Parlamento andaluz con los únicos votos de la mayoría absoluta del Partido Popular de Juanma Moreno. La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado que el "pacto de silencio" que, a su juicio, rodea este caso se ha trasladado también a la Cámara autonómica. "Quien mucho tapa, mucho quiere ocultar", ha advertido, tras lamentar que el PP andaluz haya tumbado "a golpe de rodillo" la que sería la séptima comisión de investigación solicitada por la oposición en la presente legislatura. Según Férriz, la negativa del PP impide a la ciudadanía andaluza ejercer "el derecho a saber" si el Gobierno andaluz "conocía, consentía, ocultaba o incluso participaba" en una red de supuestas irregularidades que, de acuerdo con las investigaciones judiciales abiertas, afectarían a contrataciones públicas durante la última década en Almería. La dirigente socialista ha asegurado que el caso presenta "indicios de graves irregularidades" tanto en la adquisición de material sanitario durante la pandemia como en adjudicaciones de obra pública desde 2019, con "epicentro" en la Diputación de Almería y posibles "ramificaciones" en ayuntamientos y en la propia Junta de Andalucía. Caso PP de Almería El origen de la investigación judicial se encuentra en el contrato de las mascarillas adjudicado a Azor Corporate Ibérica S.L. y cerrado por más de dos millones de euros, con un sobrecoste del 42,27% y plagado de irregularidades. Entre ellas, el contrato sin publicidad de una empresa sin experiencia sanitaria y con vínculos familiares directos con Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación de Almería (PP). Las Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que el escándalo de las mascarillas vinculado al Partido Popular de Almería es solo la "punta del iceberg". Según se desprende del auto judicial, fechado el pasado 2 de enero, existía una presunta organización criminal que operaba mucho antes de la llegada del Covid-19, orquestando amaños de contratos públicos no como hechos aislados, sino como parte de una dinámica sistémica. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha señalado directamente a la cúpula política de la provincia, destacando al presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, como el "eje central" de la trama. El magistrado apunta que la red actuaba con el "pleno conocimiento y participación" del presidente, aprovechando la institución para generar oportunidades de negocio ilícito, usando contratación pública para favorecer intereses personales y económicos, según desprende el propio magistrado. Ahora, la UCO busca cerrar el cerco sobre los delitos de "cohecho, blanqueo de capitales y malversación" que pesan sobre la antigua cúpula del PP en Almería. "Ley del silencio" y acusaciones de encubrimiento Férriz ha sostenido que Moreno Bonilla "impone la ley del silencio" sobre una trama que, según ha afirmado, se remonta a 2016 y que ha sido objeto de...