La Consejería de Sanidad niega que la misión de esos órganos sea ejercer el control y remarca que varias direcciones generales vigilan de forma permanente la gestión hospitalaria Exclusiva - La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón con cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud. Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”. El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio. La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023. Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”. “El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”. La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado .  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad” En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmatí. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada. “El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmatí, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma. “Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria. Bonmatí también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.