La Fiscalía quiere poner fin a los vientres de alquiler, cargando contra uno de sus principales sustentos: las agencias que difunden, promocionan y blindan esta práctica. Y lo hace enarbolando como principal bandera la estrategia de la publicidad ilícita . Este miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Igualdad el bloqueo del acceso desde el territorio español a las páginas web de hasta trece agencias dedicadas expresamente a publicitar vientres de alquiler, al considerar que ofrecen y realizan "prácticas comerciales de gestación subrogada" declaradas ilegales en nuestras fronteras. Fuentes del departamento de Ana Redondo reiteran su "alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva" y confirman que el Instituto de las Mujeres tiene "el mandato de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, lo que incluye actuar frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". Las mismas fuentes subrayan, no obstante, que el ministerio no tiene " capacidad administrativa de bloquear webs", así que la mañana del jueves ha dado traslado a la Abogacía del Estado de la petición realizada por la Fiscalía. Aunque es pronto para concretar acciones, una posibilidad que no descartan las fuentes consultadas por infoLibre pasa por demandar a las compañías señaladas , pero todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto. El Instituto de las Mujeres ha pedido a la Abogacía del Estado "asesoría y una reunión, si fuera preciso", puntualizan las mismas voces. Lo cierto es que en noviembre del año pasado la Fiscalía sí cerró por primera vez distintos sitios online de idéntica naturaleza, pero con sede en España. Como esa clausura no puede replicarla respecto a las webs extranjeras, lo que busca ahora es limitar su acceso desde aquí, haciendo un llamamiento a las instituciones. La Fiscalía ya había anunciado entonces que ese sería su próximo paso: la fiscala de consumo de Barcelona, Paloma Pelegrín, reconoció en rueda de prensa que existen "multitud" de páginas web internacionales que promocionan esta práctica ilegal a través de delegaciones nacionales. En aquel momento, la propia fiscala deslizó que tendrían que ser las administraciones quienes tomaran cartas en el asunto. Pero no parece tan sencillo. "El Instituto de las Mujeres ya ha ido por la vía legal hasta donde se le ha permitido con las empresas que ellos señalaron" y sus acciones ni siquiera han derivado necesariamente en el cierre de las webs, señalan las fuentes pulsadas, quienes reiteran las dificultades de poder clausurar sitios online, especialmente con dominio en el extranjero. Las trece empresas que están ahora en el punto de mira son Success-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultatns, Surrogacy Network, Betaplus Fertility,Miracle Surrogacy y Invest Medical LLC. Algunas tienen su sede en Estados Unidos, y otras en México e incluso en Israel . Núria González , abogada y autora del libro Vientres de alquiler. La mala gente (2021, Luz y taquígrafos), celebra los pasos adelante en la batalla contra la gestación subrogada, pero expresa dudas respecto al impacto real del cierre de las páginas web. "Todo suma, pero hay herramientas suficientes para que no se produzca esa publicidad . Muchos de los contratos se firman aquí, lo que sería interesante es seguir el rastro de esos pagos", argumenta la letrada. Lo dice con conocimiento de causa. A través de su asociación feminista L'Escola, la abogada solicitó en octubre del año pasado a la Fiscalía que investigara la denuncia de catorce parejas españolas contra una empresa mexicana que promocionaba vientres de alquiler, por un supuesto delito de estafa . La agencia tenía sede en Madrid y se presentaba como "líder del sector", ofreciendo servicios de consultoría y acompañamiento. González pidió que se tirara del hilo, pero su denuncia fue archivada. La experta sí cree que el anuncio tiene un impacto simbólico, pero expresa dudas respecto a que suponga un cambio de paradigma . En esa línea, la abogada traza un símil con las medidas en torno a la prostitución. "Se prohibieron los anuncios de prostitución en los periódicos, pero ¿qué impacto ha tenido eso en la industria?", se pregunta. "El mensaje es correcto, pero necesitamos una acción contundente", exclama. "La Fiscalía tiene que investigar las denuncias que ya se han presentado y prohibir esta práctica. Tiene herramientas y tiene los argumentos ". Cuando Núria González señala que las instituciones tienen las herramientas y los argumentos para tomar medidas efectivas y garantistas contra los vientres de alquiler, se refiere a dos cuestiones concretas: la legislación como herramienta; la jurisprudencia como argumento. El décimo artículo de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida , vigente desde el año 2006, califica como "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". El artículo 221 del Código Penal castiga a quien "mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco" y también persigue a "la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero". Y en la reforma de la ley del aborto, se incluyó la gestación por sustitución como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres y entre las medidas de prevención se introdujo expresamente la prohibición de la publicidad. En abril de 2025, además, el Gobierno aprobó una instrucción para prohibir la inscripción consular de los bebés nacidos a partir de esta práctica. En cuanto a los argumentos, la letrada mira directamente hacia una institución muy concreta: el Tribunal Supremo . Hace más de una década, el tribunal se pronunció por primera vez de forma crítica contra los vientres de alquiler, reconociéndolo como una práctica que vulnera "la dignidad de la mujer gestante y del niño , mercantilizando la gestación y la filiación" y permitiendo a "determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza". Es, en términos generales, la estela que han ido siguiendo los magistrados a lo largo del tiempo. En diversas sentencias dictadas en los últimos años, el Supremo ratifica su postura y reitera que los vientres de alquiler atentan contra " los más elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del niño". Pero además, los jueces han puesto la lupa también sobre el hecho de que las agencias de intermediación puedan actuar y publicitarse "libremente". Lo hacen, añadían en una de sus sentencias más recientes, "sin ninguna traba", promocionando su actividad a pesar de que la ley considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución". Pero los argumentos no sólo vienen de los tribunales españoles, sino que cada vez son más habituales en el plano internacional. Naciones Unidas también lo cataloga como una forma de "explotación de las mujeres" y asegura que " refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y a los niños a graves violaciones de los derechos humanos", según un informe publicado en agosto del año pasado por la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.