La consejería de Justicia y Administración Pública dio la orden de paralizar este pasado miércoles «in extremis» la mudanza de casi medio centenar de funcionarios de la sección Penal en Córdoba que ya habían sacado cientos de expedientes de los armarios y archivos y colocados en cajas facilitadas por la Administración Pública para su traslado al día siguiente a otras dependencias para la instauración de los Tribunales de Instancia en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Las razones que dio la Junta de Andalucía ayer a ABC fueron que pese a que esa era la hoja de ruta prevista la Administración andaluza ha aceptado la petición de sindicatos y de los Letrados de la Administración de Justicia responsables de las oficinas judiciales así como de la presidenta del Tribunal de Instancia de modo que se aplace esta mudanza y se haga de forma simultánea con todos los funcionarios durante cuatro jornadas aún por determinar. De hecho, desde la sección de Justicia de CC.OO. en una nota, señalaron que tras la reunión mantenida con la delegada de Justicia de la Junta en Córdoba, Raquel López, en la que estuvieron presentes la Gerencia del Ciudad de Justicia, los letrados directores de los Servicios Generales y la presidenta del Tribunal de Instancia, y la representación sindical, entre otros, y cuyo orden del día era informar sobre la implantación de la Ley de Eficiencia y el traslado del personal a sus nuevos puestos de trabajo, CC.OO mostró su preocupación ante el efecto de la misma y la repercusión en la carga de trabajo de unos juzgados en muchos casos saturados. En esta nota, añadían que «nos encontramos ante una situación compleja en la que hay que desplazar a más de 400 funcionarios de su actual puesto de trabajo y ubicarlos en sus nuevos destinos, lo que conlleva el traslado de expedientes, de la aplicación informática, además de mobiliario de oficina«, explicaba el responsable de Justicia de CC.OO de Córdoba, José Carlos Alba, quien reconoció que fue este sindicato el que pidió a la Administración un esfuerzo para reducir el plazo de acoplamiento, incrementando el número de operarios que lleven a efecto la mudanza». La delegación de Justicia había trasladado que la mudanza se realizaría por tramos, a un ritmo de 50 funcionarios por semana, pero finalmente han acordado fijar cuatro días aún por determinar. Mientras, los funcionarios de la sección Penal durante la jornada de ayer volvieron a colocar cientos de expedientes que ya estaban en las cajas, de nuevo, en los armarios.