En un movimiento que redefine la política ambiental de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha derogado formalmente el histórico dictamen de la era Obama que identificaba a los gases de efecto invernadero como una amenaza directa para la salud pública. La medida tiene, según Trump, el objetivo de ahorrar «billones de dólares» en costes a los fabricantes de automóviles, hasta ahora regidos por la regulación de 2009, y a los conductores estadounidenses, y se enmarca en una treintena de «acciones históricas» que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quiere acometer para revisar las políticas sobre hidrocarburos y generación eléctrica. Esta decisión, calificada por la Casa Blanca como la mayor desregulación en la historia del país, elimina el sustento científico y legal que obligaba al gobierno federal a limitar las emisiones contaminantes, especialmente en el sector automotriz. El presidente de los Estados Unidos justificó la medida argumentando que la normativa previa representaba una política desastrosa que había castigado severamente a la industria nacional y encarecido los precios para los consumidores estadounidenses. Trump fue más allá al calificar la agenda climática de sus predecesores como una «estafa verde», asegurando que el fin de estas restricciones permitirá reducir los costos de fabricación en aproximadamente 2.400 dólares por vehículo, lo que teóricamente facilitaría el acceso de la población a automóviles más asequibles. El dictamen ahora revocado fue emitido originalmente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante el primer año de mandato de Barack Obama. En aquel entonces, la agencia determinó que seis gases clave, entre ellos el dióxido de carbono y el metano, representaban un peligro para el bienestar humano debido a su contribución al calentamiento global. Esa conclusión científica no era solo una declaración de intenciones, sino que servía como la base jurídica necesaria para que el Estado pudiera intervenir en los mercados y exigir estándares de eficiencia más estrictos. La reacción de la comunidad científica y de los grupos ambientalistas ha sido de rechazo absoluto, calificando la decisión como el retroceso más significativo en materia de cambio climático realizado hasta la fecha. Los defensores del medio ambiente sostienen que ignorar los hallazgos científicos pone en riesgo la salud de las futuras generaciones y han anunciado que llevarán la batalla a los tribunales para impugnar la legalidad de la revocación. Mientras el gobierno celebra lo que considera una victoria para la libertad económica y la industria, el país se encamina a una prolongada disputa judicial que decidirá el futuro de la protección atmosférica en la nación. Ya en su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar por segunda vez a EE.UU., el segundo mayor emisor de gases contaminantes del mundo, del Acuerdo de París, suscrito por casi todos los países, para evitar que la temperatura media del planeta supere en más de 2 grados centígrados los niveles preindustriales. Más allá de la derogación de los dictámenes científicos, la administración de Donald Trump ha ejecutado un desmantelamiento sistemático de la infraestructura burocrática diseñada para combatir el calentamiento global. En su primer día de mandato, el presidente firmó la disolución del Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima (NCTF), un organismo clave creado en 2021 por Joe Biden para alinear a todas las agencias federales en la reducción de emisiones. Esta medida se complementó con el cierre de la Oficina de Cambio Global del Departamento de Estado, neutralizando la capacidad diplomática y técnica del país en las negociaciones climáticas internacionales. Esta ofensiva administrativa del 20 de enero incluyó una ráfaga de órdenes ejecutivas destinadas a neutralizar docenas de políticas de la administración anterior. Entre los cambios más significativos destaca la cancelación de los objetivos de descarbonización para el año 2035, que buscaban una red eléctrica libre de emisiones de carbono. Al eliminar estas metas, el gobierno ha despejado el camino legal para revertir las restricciones que impedían nuevas prospecciones de petróleo y gas en tierras y aguas de propiedad federal, abriendo áreas protegidas a la explotación comercial. Bajo el renovado lema «Drill, baby, drill» (Perfora, bebé, perfora), Trump ha dejado claro que el eje de su política económica será la expansión agresiva de los hidrocarburos. El objetivo declarado es potenciar tanto la extracción convencional como el gas de esquisto (fracking), consolidando a Estados Unidos como el líder indiscutible en la producción mundial de energía fósil. Para la Casa Blanca, este giro no es solo una cuestión de independencia energética, sino una estrategia para reducir drásticamente los costos operativos de la industria y fortalecer la posición geopolítica del país frente a sus competidores.