El acceso a la vivienda es el principal problema del país que señalan los encuestados para el barómetro del CIS y la agenda del Gobierno para paliar esta situación no acaba de desplegarse. El decreto anunciado a principios de año por Pedro Sánchez para facilitar una prórroga de los contratos de alquiler que vayan a caducar este año se ha topado por ahora con el rechazo de sus socios. Empezando por Sumar, al proponer la parte socialista intervenir a través de incentivos fiscales de hasta el 100% a los propietarios que renovasen los contratos sin subir el precio. El socio minoritario puso pie en pared exigiendo la obligatoriedad de mantener los precios, lo que desde el Gobierno tildaron de inconstitucional tras consultarlo con la Abogacía del Estado. Para desbloquear la negociación, el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez ha planteado a los grupos parlamentarios combinar incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler y desincentivos para quien lo suba.