Cataluña cuenta con un auténtico ejército de voluntarios para proteger su patrimonio natural. Son los casi 6.700 miembros de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), una red de sociedad civil organizada que desempeña un papel crucial en la prevención y primera intervención en incendios. Su labor es tan decisiva que, gracias a ellos, nueve de cada diez conatos de fuego no llegan a superar la hectárea de superficie quemada. Así lo ha explicado Ramón Torrens, presidente del secretariado y federaciones de ADF de Cataluña, en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, donde ha detallado el funcionamiento de estas agrupaciones y los retos a los que se enfrentan. Las ADF nacieron en 1986 con una misión muy clara: la prevención de incendios y, sobre todo, la primera intervención en los fuegos forestales para evitar su propagación. “Nacimos para la prevención de incendios y, sobre todo, por la primera intervención en los incendios forestales”, ha recordado Torrens. Esta respuesta inicial es fundamental para que los Bombers de la Generalitat puedan llegar con el fuego en una fase controlable y evitar que se convierta en un gran incendio forestal. Sin embargo, su trabajo ha evolucionado con el tiempo. Lo que empezó como una tarea centrada en el fuego se ha expandido a otras emergencias. “Hemos colaborado en retirar los pinos tras las nevadas, pero ahora es muy seguido. Hemos estado en inundaciones en Valencia o en los daños del sur de Cataluña”, ha señalado el presidente de las ADF. Esta adaptación demuestra cómo el voluntariado se ha convertido en una pieza clave para dar respuesta a los nuevos desafíos derivados del cambio climático. Para formar parte de las ADF solo se necesita “tener ganas de colaborar y ayudar”. Cualquier persona con una edad comprendida entre los 16 y los 70 años puede presentarse como voluntario. No obstante, la intervención requiere una formación específica y rigurosa. Los menores de 18 años pueden obtener el ‘carnet verd’, que les permite realizar trabajos forestales, pero no intervenir en un incendio. A partir de la mayoría de edad, es obligatorio pasar por los cursos del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), impartidos por los Bombers, para estar capacitado en la extinción de fuegos forestales. Además, las federaciones proporcionan formación complementaria en el uso de motosierras o asistencia sanitaria. Pese a la buena disposición de la ciudadanía, Torrens lanza un aviso: hacen falta más manos. “Faltan voluntarios, siempre cuantos más, mejor”, ha afirmado. Aunque cuentan con el apoyo de las administraciones, que financian el material y los equipos, el factor humano sigue siendo el principal reto. El presidente de las ADF ha explicado que existe un cuello de botella en la formación, ya que el ISPC ofrece entre 500 y 600 plazas anuales, una cifra que limita el crecimiento del número de efectivos preparados para la intervención directa. “Necesitamos muchos”, ha insistido. El equipamiento de las ADF, que incluye camiones, vehículos ligeros o motosierras, se financia gracias a las ayudas del Govern de la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos. De hecho, los consistorios forman parte de la estructura de las agrupaciones, junto a los propietarios forestales y los propios voluntarios, conformando un modelo de colaboración a tres bandas que resulta fundamental para la protección del territorio. A pesar de su importancia estratégica, Ramón Torrens cree que la sociedad no es del todo consciente de la labor que realizan. “No somos conscientes de la faena que hace el voluntariado”, ha lamentado. Esta paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta que Cataluña “es un país de voluntariado”, uno de los territorios “con más voluntarios de Europa”, según estudios que han manejado. Torrens ha puesto como ejemplo las actuaciones tras las recientes riadas, donde “todo lo que se llegó a hacer” fue gracias a la implicación desinteresada de los voluntarios. Este espíritu de entrega es la base de organizaciones como las ADF, la Cruz Roja o Protección Civil. El presidente de las ADF ha concluido destacando este punto de “solidaridad con la sociedad” que define a los casi 6.700 miembros de las agrupaciones. Un compromiso que no solo protege los bosques, sino que refuerza la capacidad de la comunidad para hacer frente a todo tipo de adversidades en un contexto de emergencia climática cada vez más evidente.