Una investigación revelada por la Revista Semana encendió nuevas alertas sobre el esclarecimiento de los llamados “ falsos positivos ” en Colombia. De acuerdo con el reportaje, militares que han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) estarían siendo objeto de presiones, amenazas y ofrecimientos económicos para modificar sus versiones y evitar que altos mandos sean vinculados a estos crímenes. Siga leyendo: Salen tres generales del Ejército por investigaciones internas, ¿qué hay detrás? Los testimonios, audios y conversaciones conocidos por ese medio apuntan a la existencia de una supuesta “operación mordaza”, que buscaría frenar la revelación de responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales , en las que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate durante el conflicto armado. Uno de los casos expuestos es el de un exsoldado que declaró haber participado en al menos 20 homicidios en la región Caribe . Según su relato, actuó bajo órdenes de superiores que exigían resultados operacionales medidos en número de bajas . Tras comparecer ante la JEP, asegura haber recibido una oferta cercana a los 20 millones de pesos para guardar silencio y asumir la responsabilidad individual de los hechos, sin involucrar a sus comandantes. De acuerdo con su testimonio, el dinero habría sido ofrecido por un coronel retirado que fue mencionado en sus declaraciones y que se niega a aceptar su presunta participación en los crímenes. Además del ofrecimiento económico, el exuniformado denunció haber recibido mensajes intimidantes en los que le pedían no seguir “hablando” ni mencionar a altos mandos . Este patrón no sería aislado . Otros militares, también bajo reserva por razones de seguridad, aseguraron que han recibido presiones similares. En algunos casos, incluso, se les habría advertido sobre posibles consecuencias en su situación pensional si continúan colaborando con la justicia transicional. Uno de los testigos relató que un superior le insinuó que podría perder su derecho a la pensión si persistía en sus declaraciones ante la JEP. Según su versión, estos mensajes estarían respaldados por redes de influencia dentro de las Fuerzas Militares, integradas por oficiales activos y retirados. Lea aquí: Murieron tres indígenas tras enfrentamientos entre Clan del Golfo y autodefensas en Aracataca, Magdalena: evacúan a la población La investigación también señala que los intentos por silenciar a los comparecientes no se limitarían a ofrecimientos directos de dinero. Algunos militares habrían recibido propuestas para financiar emprendimientos o negocios a cambio de no seguir aportando información a los procesos judiciales. Las cifras mencionadas en estos casos oscilan entre los 5 y 20 millones de pesos. Incluso, uno de los testimonios citados por Semana da cuenta de un exuniformado que aceptó apoyo económico de un antiguo comandante con el compromiso de no involucrarlo en sus declaraciones. “Al viejo no le conviene que uno hable”, habría dicho en una conversación, reconociendo que optaría por guardar silencio. Otros, sin embargo, aseguran haber rechazado estos ofrecimientos. Un sargento que cumplió condena por ejecuciones extrajudiciales relató que le ofrecieron dinero para retirarse del proceso ante la JEP, pero decidió no aceptar y continuar colaborando con la justicia. Las presiones no solo tendrían un componente económico. Según los testimonios recogidos, también existiría un contexto de amenazas y hostigamientos que incrementa el temor entre los comparecientes. La abogada Tania Parra, quien representa a varios militares en estos procesos, advirtió que la verdad sobre los falsos positivos podría estar en riesgo. Parra señaló que algunos de sus defendidos han sido víctimas de intimidaciones, atentados e incluso presiones judiciales, lo que ha generado un ambiente de miedo que podría limitar la disposición de otros testigos a declarar . “Hay un temor generalizado para hablar”, afirmó, al advertir sobre lo que calificó como una posible estrategia para imponer silencio. Uno de los casos más graves es el del mayor retirado Daladier Rivera, quien reconoció su participación en 63 ejecuciones extrajudiciales y ha aportado información clave sobre la relación entre militares y grupos paramilitares . Según su relato, ha recibido amenazas constantes por su colaboración con la justicia. En julio de 2025, Rivera sobrevivió a un atentado armado en el que murió un familiar. Meses después, recibió mensajes en los que le advertían que no dejarían de perseguirlo. A pesar de ello, ha mantenido su compromiso de declarar ante la JEP. Otros comparecientes también han denunciado amenazas similares, especialmente cuando se acercan audiencias en las que podrían revelar nombres o detalles relevantes. Para las fuentes consultadas, estas acciones responderían a un intento sistemático de frenar el avance de los procesos judiciales. La situación ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de protección de la JEP para garantizar la seguridad de testigos y comparecientes. Algunos militares han señalado que las medidas adoptadas serían insuficientes frente a los riesgos que enfrentan. Las cifras del macrocaso 03 de la JEP —que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate— evidencian la magnitud del fenómeno: más de 4.600 víctimas acreditadas y cientos de comparecientes que han rendido versión ante el tribunal. Lo revelado por Semana reabre el debate sobre la verdad, la justicia y la reparación en el marco del conflicto armado colombiano. También pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema de justicia transicional para garantizar condiciones seguras a quienes deciden contar lo ocurrido. Mientras avanzan las investigaciones, crece la preocupación por el impacto que estas presuntas presiones podrían tener en el esclarecimiento de uno de los capítulos más graves de violaciones a los derechos humanos en Colombia.