Gonzalo Bernardos, economista: "La única manera de que un joven sea propietario es que sus padres le compren la vivienda"

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en el gran reto de 2026. Lejos de mejorar, la situación empeora por momentos debido a una marcada falta de oferta y a unos precios de los inmuebles que han alcanzado máximos históricos. De hecho, si se compara la evolución con la de nuestros vecinos europeos, el resultado es alarmante: el precio ha subido en España casi tres veces más que en la media de la Unión Europea, con un incremento del 12,8% en un contexto de sueldos estancados. Para las familias con menos ingresos y, especialmente, para los jóvenes, el panorama es todavía más complicado. Muchos de ellos se ven obligados a destinar entre un 40% y un 50% de su sueldo a pagar el alquiler, una cifra que supera con creces la recomendación de los expertos. Según la mayoría de economistas, el coste de la vivienda, sumando hipoteca o alquiler y los gastos asociados, no debería superar nunca el 30% o 35% de los ingresos mensuales. Las grandes ciudades son el epicentro de esta crisis habitacional. En urbes como Madrid, Barcelona o Valencia, la alta demanda ha disparado los precios hasta niveles nunca vistos. Alquilar un pequeño estudio de 30 metros cuadrados puede llegar a costar 1.000 euros al mes, mientras que una habitación en un piso compartido se mueve en una horquilla de 400 a 700 euros. Estas cifras hacen que el simple hecho de vivir en una gran ciudad sea un lujo inalcanzable para muchos. En el mercado de compraventa, la situación no es más alentadora. El precio medio del metro cuadrado se sitúa en unos 2.200 euros para la vivienda de segunda mano y escala hasta los 3.300 euros en el caso de la obra nueva. Esto significa que un piso usado de 95 metros cuadrados tiene un coste aproximado de 209.000 euros, una barrera de entrada infranqueable para una gran parte de la población, especialmente si se tiene en cuenta que el salario mínimo en España es de 1.221 euros brutos al mes. Ante este escenario, el economista Gonzalo Bernardos se muestra muy crítico con la actual Ley de Vivienda. Según el profesor de la Universidad de Barcelona, la regulación genera el efecto contrario al deseado. "El propietario es una persona que, cuando se siente maltratada, huye", señala Bernardos. En su opinión, esta percepción provoca que muchos dueños retiren sus inmuebles del mercado de alquiler, lo que reduce todavía más la oferta disponible y, en consecuencia, presiona los precios al alza. Los especialistas del sector coinciden en que el déficit de oferta es uno de los problemas estructurales del mercado. Se estima que serían necesarias alrededor de 700.000 viviendas adicionales para empezar a equilibrar la balanza entre la demanda y la oferta. Sin embargo, la construcción de obra nueva avanza a un ritmo lento y los precios, según Bernardos, continuarán su “subida espectacular” en los próximos meses, agravando todavía más la crisis. La crisis de la vivienda golpea con especial dureza a la población joven. Gonzalo Bernardos lo resume de forma contundente: "la única manera de que un joven sea propietario es que sus padres le compren la vivienda". Esta afirmación refleja una realidad en la que el ahorro para la entrada de una hipoteca es una meta casi inalcanzable sin apoyo familiar. Para el economista, la situación es límite: "si antes había pocas probabilidades de encontrar piso, ahora es una misión casi imposible". El propio Bernardos redefine el concepto de vulnerabilidad en el contexto actual: "Vulnerable es quien cobra 1.613 euros y dedica más del 30% de su sueldo a pagar el alquiler y suministros". Los datos confirman esta tendencia: la edad media de emancipación en España ya supera los 30 años, una cifra que contrasta drásticamente con la de otros países europeos como Finlandia 21,5 años o Suecia 21,8 años, evidenciando una brecha de casi una década. El panorama para las nuevas generaciones es, por tanto, desolador y no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Expertos en economía e inversión reclaman medidas urgentes para atajar el problema, pero advierten de que cualquier solución real requerirá una gran inversión de tiempo y recursos para corregir los desequilibrios acumulados durante años.