El Plural
La crisis de los cribados de cáncer de mama estalló a finales de septiembre de 2025. Este hecho, en términos políticos, supuso el mayor frente al que se tuvo que medir el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Las consecuencias de su modelo de gestión provocaron que miles de mujeres no fueran informadas de que las mamografías que se habían realizado habían resultado dudosas. Como consecuencia, cientos de ellas desarrollaron cáncer de mama, según ha denunciado Amama, e incluso alguna de ellas con metástasis, como la onubense Alicia. Además, estas semanas hemos conocido dos hechos que agravan aún más la gestión que desde el Partido Popular se ha prestado a dicha situación. En concreto, los dos informes realizados por los profesionales del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de la crisis de los cribados, según el Gobierno andaluz, en los que alertaban de que la unidad de mamografías estaba sumida en un colapso. Estos informes se realizaron en 2023 y en 2025, y uno de sus firmantes fue el entonces jefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell, cesado por Moreno durante la crisis. Aunque realmente Castell fue uno de los profesionales que alertó hasta en dos ocasiones de que la falta de personal y de recursos estaba provocando un atasco de miles de pruebas, entre ellas, 6.000 mamografías en abril de 2025. En total, más de 50.000. Con este contexto se produjo la crisis de los cribados. Sin embargo, en mitad de esa ola de remodelaciones realizadas por Moreno Bonilla para demostrar que estaba actuando, se produjo una que no se ha terminado de considerar hasta el momento. Como consecuencia derivada de este hecho, Moreno cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández. Tras varias semanas de vacío en el cargo, el presidente nombró como consejero de Salud a su hombre fuerte en el Gobierno, Antonio Sanz, que albergaba las competencias compartidas de Presidencia y Emergencias, a las que a la postre sumaría las de Sanidad, para recibir y reducir la crisis de los cribados, al menos en términos comunicativos y políticos. Sin embargo, este gesto fue doble, porque en esa remodelación Moreno aprovechó la coyuntura para ejecutar un movimiento hasta el momento inédito en la Junta de Andalucía. De facto, reducir el poder y la autonomía del departamento de Salud. Mediante el Decreto 168/2025 del 5 de noviembre, la histórica consejería fue despojada de su estatus y rebajada a la categoría de Viceconsejería, pasando a depender directamente de un macrodepartamento rebautizado como Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, tal y como ha denunciado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Lejos de reforzar la estructura sanitaria tras evidenciarse estas deficiencias el Gobierno andaluz optó por diluir su peso institucional. Esta decisión transmite el mensaje de que la Salud no requiere de políticas específicas y diferenciadas, sino que puede gestionarse como un apéndice más de una consejería, castigando así a la propia estructura sanitaria por los errores de gestión del Ejecutivo. En la práctica...
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