Diario CÓRDOBA
La decisión del Gobierno andaluz de suprimir el Impuesto de Patrimonio en 2022 se encontró con una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda: la creación de un impuesto estatal para las grandes fortunas dirigido a los mismos contribuyentes que habían quedado exentos. La Junta libró un pulso político y judicial contra esta decisión, pero lo perdió a finales de 2023 en el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, Andalucía, como otras comunidades, revisó su política fiscal para recuperar al menos temporalmente los ingresos que genera esta figura tributaria dirigida a los grandes patrimonios. El resultado es una vía de ingresos que no para de crecer, que ha superado las previsiones y que ya ha alcanzado en 2025 los 52,8 millones de euros. Sigue, no obstante, muy lejos de los más de 120 millones de euros que se recaudaban antes de 2021 cuando el límite exento era inferior.
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