Jessica, seis años sin su hijo tras la denuncia de una amiga: «Tengo una habitación con ropa y juegos para él»

La historia de Jessica da para un thriller psicológico. En marzo de 2020, esta mujer francesa de 40 años se puso de parto inesperadamente estando de vacaciones en Andalucía. Dio a luz en un hospital de Almería días antes de que el Gobierno decretara el primer estado de alarma. Sola, sin saber hablar castellano y débil por una anemia después de tener al niño, se encontró encerrada en un país desconocido. Los temores de una madre primeriza lejos de su entorno de confianza se sumaron a la incertidumbre mundial por la pandemia... Y todo se complicó con una depresión postparto. Pero su peor pesadilla no fue el coronavirus ni ese bache psicológico, sino una denuncia falsa que su entonces compañera de piso hizo contra ella ante los servicios sociales. Le acusó de desatender al bebé y de tener comportamientos agresivos hacia él. Y el 24 de marzo de 2020, con 17 días de vida de su bebé, el Servicio de Protección de Menores le retira la tutela y se lleva al niño. De telón de fondo, un estado excepcional sin precedentes por la emergencia sanitaria. «Fue horrible porque yo no hablaba nada de español, intenté comunicarme a través del traductor de Google, pero no pude hacer nada, me decían que tenía que firmar un montón de papeles que tampoco entendí», recuerda Jessica, que lleva luchando seis años para recuperar a su hijo. Su caso ha escalado hasta el Tribunal Constitucional, que deberá decidir sí se vulneraron o no sus derechos fundamentales, a la espera de que se resuelva el proceso de adopción del menor que inició la familia de acogida en 2021. La Administración dio credibilidad a una «persona desequilibrada», explica su abogada, Marta Boza Rucosa. En primera instancia, en febrero de 2021, el tribunal consideró «justificada» la retirada de la tutela por una supuesta situación de «desamparo» y «inestabilidad». Los jueces «suelen sucumbir» a lo dicho por los organismos públicos, dice la abogada, porque «presumen su imparcialidad». La abogada recurrió y el caso giró a favor de Jessica. En la sentencia de segunda instancia de la Audiencia Provincial —a la que también accedió ABC— se constata que la compañera de piso que la denunció tenía un historial médico marcado por el consumo de drogas y una discapacidad por trastorno mental. Esta mujer con la que compartió casa en Andalucía durante el confinamiento nunca ratificó su denuncia en sede judicial y, meses más tarde, envió una carta admitiendo que mintió. Preguntados por ABC, la Consejería de Familia de la Junta de Andalucía explica que al ser un caso judicializado no quieren dar ninguna información y justifican que sus posiciones siempre son para velar por el interés superior del menor. A pesar de que la Audiencia Provincial admitió que el proceso no fue garantista, a final de 2021, Jessica ya llevaba muchos meses separada de su hijo. Los servicios sociales le habían reclamado tener una vivienda donde criar al bebé y un empleo y, en situación de pandemia, lo consiguió. Pero en Barcelona. Allí se mudó. Hoy, es operaria de automoción y trabaja creando piezas de vehículos. «Vivo de alquiler y tengo una habitación con ropa y juegos para mi hijo y la casa llena de sus fotos», dice. Sin embargo, reconoce que durante el primer año era «imposible» compaginar el trabajo, el transporte y las restricciones del coronavirus con las citaciones de los Servicios Sociales para poder ver al menor. Esa dificultad le costó que el primer tribunal le reprochase «escasa colaboración», lo que complicó todavía más el procedimiento. Su abogada, que agotó todas las vías judiciales, tilda el proceso de «despropósito». Los Servicios Sociales andaluces la convencieron de que sería una medida temporal, relata Boza, y añade que sin recursos y sin dominar el idioma, en un momento de «extrema vulnerabilidad», ella creyó que era lo mejor para el niño. «Me trataron como si fuera la peor madre del mundo, yo no me encontraba bien, tenía el cuerpo lleno de eccemas por la situación», recuerda Jessica, que insiste en que nunca quiso entregar a su hijo en adopción. Fue un niño deseado porque consiguió ser madre en solitario gracias a técnicas de sistema de reproducción asistida. Su defensa presentó pruebas toxicológicas negativas e informes de sus médicos franceses y sus familiares para demostrar que no existía ninguna patología mental o incapacidad que le impidiera tener la tutela del niño. La Audiencia Provincial resolvió que iniciar un procedimiento preadoptivo con la familia de acogida fue desproporcionado y «sospechosamente inquisitorial» y se inclinó por la recuperación de la tutela. Pero los padres de acogida recurrieron al Tribunal Supremo (TS). En 2024, el Supremo volvió a señalar la falta de garantías del procedimiento iniciado por los servicios sociales, sin embargo, frenó la devolución del menor al considerar que un cambio drástico podría provocar más perjuicios en él. «La resolución de guarda con fines de adopción no puede considerarse justificada», dice el Alto Tribunal, que añade que el comportamiento de Jessica «no merece reproche» porque su decisión de mudarse a Barcelona fue para «estabilizar su situación, recuperar a su hijo y poder ocuparse de él». Sin embargo, debido a que no se habían producido con normalidad las visitas al menor, el Supremo señaló que no era «aconsejable» el retorno con su madre. En su sentencia, el TS explica que lo «más indicado» hubiera sido revocar la resolución de preadopción y mantener el acogimiento temporal con un régimen de visitas en condiciones normales para analizar la «respuesta del menor». «Solo pude ver a mi hijo tres veces en seis años, me quitaron una parte de mi vida, es lo peor que se le puede hacer a una madre..., yo no he dejado de luchar para recuperarlo», lamenta Jessica. Mientras el Tribunal Constitucional revisa el caso y decide si se vulneraron sus derechos fundamentales, su defensa pide paralizar la adopción. De lo contrario, advierte la abogada, luego podría ser demasiado tarde para esta madre.

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