Al menos 30 congresistas habrían cambiado votos por contratos en Invías

Más de 5.000 folios con chats, videos, tablas de asignación de cupos y testimonios reposan en la Corte Suprema de Justicia bajo un rótulo: el presunto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Congreso de la República. La investigación salpica a 30 congresistas. La investigación fue realizada por Semana. En los documentos revelados, las comisiones Tercera y Cuarta toman los reflectores. No es algo menor, ambos grupos (tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) son los encargados de tramitar proyectos de ley relacionados con los asuntos económicos y fiscales del país. En la Tercera estudian temas de hacienda, crédito público, impuestos y política monetaria, mientras que la Comisión Cuarta se especializa en presupuesto, gasto público, bienes nacionales y control fiscal. A veces, ambas comisiones sesionan juntas. Los nombres en el expediente son: Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Bibiana Aristizábal, Kelyn Johana González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda Saravia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Amaya, José Alfredo Gnecco, Liliana Esther Bitar Castilla, Karina Espinosa Oliver y Laura Ester Fortich. Pero, ¿qué llevó a la Corte a poner la lupa sobre tantos congresistas y qué dice el expediente? La respuesta a lo primero no se centraría en el qué, sino en quién. María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda y testigo estrella en el entramado de corrupción de la UNGRD, denunció la situación ante la Justicia. Según Benavides (quien ha testificado ante la Justicia en el marco del principio de oportunidad que le otorgó la Fiscalía) los legisladores mencionados habrían cambiado sus votos por contratos en Invías durante el 14 de marzo y el 1 de diciembre de 2025. En total, entre los 30 congresistas durante ese lapso de tiempo, habrían recibido más de un billón de pesos por 60 contratos. El Marco Antonio Rueda será el encargado de determinar la veracidad del testimonio, las pruebas presentadas y, además, el grado de responsabilidad (o no) de cada uno de los señalados. “Puesto que las diligencias aluden a cupos indicativos que habrían sido ejecutados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como se verifica del auto de apertura de instrucción, resulta forzoso colegir que las presentes diligencias deberán tener por objeto las partidas presupuestales de idéntica denominación, pero que, de acuerdo con el relato de la referida Benavides Soto, fueron materializadas por conducto del Invías”, explica la Corte. En el expediente, el alto tribunal añadió: “Relató en forma cronológica y detallada los hechos relativos a las actuaciones del ministro de Hacienda en el trámite que se adelantó ante la Comisión Especial Interparlamentaria de Crédito Público (...) Para efectos de lograr la aprobación de unos créditos externos de la nación ante la Banca Internacional”. Entérese: Niegan prisión domiciliaria a Pedro Andrés Rodríguez, uno de los cerebros del escándalo de la UNGRD Además, Benavides habría entregado documentos con “sendas tablas en las que aparecen consignados los datos correspondientes con mención a los congresistas que habrían sido los beneficiados”. Según la Corte Suprema de Justicia, varios contratos dentro de Invías sufrieron ajustes en su ejecución y aumentos en los recursos asignados. La Corte centra su atención en aquellos que estaban prácticamente inactivos, pero que aun así recibieron millonarias inyecciones presupuestales, incluso superiores al valor inicial pactado. El tribunal ordenó corroborar los testimonios y evidencias entregadas por Benavides. Para eso, le envió una petición a Invías. La entidad tendrá que entregarle a la Corte la copia de los contratos o convenios interadministrativos relacionados con lo entregado con la testigo. “Así mismo, la totalidad de la documentación correspondiente a los proyectos financiados con recursos asignados a través de esos negocios jurídicos”, estipuló la Corte. En total enviaron 84 contratos. Encontraron irregularidades en varios de ellos. De hecho, son 61 los de coinciden con las características e irregularidades denunciadas por Benavides. Es importante resaltar que la Corte se remitió a las autoridades de algunos municipios involucrados, pero no entregaron la documentación completa. “Una vez recibidas las respuestas por los municipios de Manatí, Sincelejo y San Benito Abad, se tiene que estas no satisficieron a cabalidad lo solicitado por el despacho”, dijo la Corte. En aquel escenario, el tribunal designó a funcionarios del CTI, adscritos a la Sala Especial de Instrucción, para recaudar lo solicitado. Entre los procesos que generan cuestionamientos aparece el convenio interadministrativo 2287 de 2023, suscrito entre Invías y la Alcaldía de Envigado —municipio del que es oriundo uno de los representantes investigados—, por una suma que supera los 12.500 millones de pesos. El acuerdo buscaba articular esfuerzos para intervenir y conservar la malla vial en zonas como Las Palmas, Pantanillo, Perico, El Vallano, El Escobero y Santa Catalina, en Antioquia. Lea también: Ya están definidos los sitios de reclusión de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique A este se suma otro contrato que también está bajo la lupa y que apunta a obras en el Cesar. Se trata del convenio interadministrativo 2246 de 2023, destinado al mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en Curumaní. Dentro de su alcance se contempla la intervención de la carretera que conecta con el corregimiento de El Mamey, con una inversión que supera los 16.000 millones de pesos. Ante las irregularidades, la Corte anunció: “Teniendo en cuenta la información suministrada por María Alejandra Benavides Soto, en curso de la declaración rendida ante la sala (...), se dispone vincular a las presentes diligencias, en calidad de investigadas, a la senadora de la república Laura Ester Fortich y a la representante a la Cámara Jezmi Lizeth Barraza”. Otros contratos en la mira son el convenio interadministrativo 2224 de 2023 para “el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Sitionuevo y su alcance guarda relación con la vía Sitionuevo-La Puente por valor de 26.700.000.000 de pesos” en Magdalena. Y el convenio interadministrativo 2083 de 2023 para el “mejoramiento y mantenimiento de la vía Palmarito entre Fortul y Caranal-La Paz y Gaitán, Alto Jordán y Paraíso”, por más de 23.000 millones de pesos, en Arauca. La Corte Suprema de Justicia aseguró que investigará a los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas señalados, así como a sus cercanos. Según información de Semana, el magistrado Rueda “tiene el acelerador a fondo”. Siga leyendo: Jhon Fredy Núñez, el nuevo congresista investigado por la Corte Suprema por caso UNGRD

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