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El próximo 26 de mayo se cumplirán tres años desde la entrada en vigor de la ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La norma nació bajo la promesa de contener los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el balance que arroja hoy el mercado inmobiliario español desmiente las expectativas oficiales. Allí donde se han aplicado con mayor intensidad los mecanismos de intervención previstos por la ley –topes al alquiler, limitaciones a los propietarios y declaración de zonas tensionadas– la oferta se ha desplomado, los precios han seguido subiendo y la competencia entre inquilinos se ha vuelto insoportable. Los datos conocidos estos días reflejan una realidad difícilmente discutible. Según un informe del portal inmobiliario idealista.com, el precio del alquiler en España es hoy un 30,7 por ciento más elevado que en 2023, mientras la oferta disponible se ha reducido un 30 por ciento. La consecuencia más grave no es únicamente el encarecimiento de las rentas, sino la creciente expulsión de miles de ciudadanos pobres del mercado residencial. Cada vivienda anunciada recibe ahora una media de 41 contactos interesados, más del doble que hace tres años. En ciudades especialmente intervenidas, como Barcelona, Pamplona o Vitoria, la presión alcanza niveles incompatibles con las rentas de los españoles. La experiencia demuestra que los controles de precios terminan provocando el efecto contrario al buscado. Cuando el propietario percibe inseguridad jurídica, limitaciones crecientes a sus derechos y una rentabilidad incierta, la reacción lógica consiste en retirar viviendas del mercado. La caída del 69 por ciento de la oferta en Barcelona o del 60 por ciento en Bilbao constituye una advertencia elocuente sobre las consecuencias de una política basada más en el prejuicio ideológico que en el análisis económico. El problema de fondo reside en una concepción errada del funcionamiento del mercado inmobiliario. El Gobierno ha tratado la vivienda como un objeto de intervención política, ignorando que toda política pública eficaz debe preservar incentivos suficientes para la inversión, la seguridad jurídica y la generación de nueva oferta. Ningún país ha resuelto sus problemas de acceso a la vivienda castigando sistemáticamente al propietario privado. La paradoja es evidente. La ley se presentó como una herramienta para proteger a los sectores más vulnerables, pero ha terminado favoreciendo procesos de selección mucho más duros entre arrendadores e inquilinos. En un mercado escaso y competitivo, los propietarios priorizan perfiles con mayor solvencia económica y estabilidad laboral, dejando fuera precisamente a quienes el Ejecutivo decía defender. España necesita una política de vivienda seria y compatible con una economía abierta. Eso exige aumentar suelo disponible, agilizar licencias, incentivar fiscalmente el alquiler estable y reforzar la seguridad jurídica. El acceso a la vivienda no mejorará mediante decretos que distorsionan el mercado, sino creando condiciones para que exista más oferta, más inversión y más confianza. La evidencia resulta plenamente incontestable .
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