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La normativa española en materia de arrendamientos urbanos establece de forma clara que los gastos de formalización del contrato de alquiler deben correr a cargo del arrendador, es decir, del propietario de la vivienda. Cuando un casero repercute estos costes sobre el inquilino, no solo incumple la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino que además puede incurrir en infracciones sancionables conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con multas que alcanzan los 100.000 euros en casos graves.
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