Cope Zaragoza
El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comparecido este viernes para abordar el inminente juicio contra un sacerdote malagueño para el que la fiscalía solicita 72 años de prisión. El religioso está acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018. En una contundente intervención, Satué ha pedido perdón a las víctimas en nombre de la Iglesia y ha garantizado que, si se demuestra la culpabilidad del acusado, se reparará económicamente el daño, independientemente de la responsabilidad que determinen los tribunales para la Diócesis de Málaga. En sus primeras palabras, el obispo ha querido mostrar su cercanía con las afectadas y sus familias. Ha subrayado el profundo dolor por el que atraviesan. “Pido perdón en nombre de la Iglesia a todas las personas que, en esta y en otras situaciones similares, no han encontrado en la iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”, ha declarado. Desde el momento en que se conocieron los hechos, la postura de la Institución ha sido clara, según José Antonio Satué, y ha insistido en que la cooperación con las autoridades es y será total para que se haga justicia. “La actitud de la Diócesis de Málaga no puede ser otra que la de colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia”, ha afirmado con rotundidad. Este mensaje, ha explicado, no es solo una declaración de intenciones, sino una directriz que ha transmitido personalmente a todos los implicados en el proceso por parte de la Iglesia. “Así lo he indicado repetidamente a los abogados, a los responsables de la Diócesis que han seguido el proceso y también al conjunto de los sacerdotes”, ha detallado, evidenciando un esfuerzo por alinear a toda la estructura diocesana con una política de transparencia y cooperación judicial. A pesar de esta voluntad de colaboración, el obispo también ha defendido la actuación de la institución en este caso concreto, argumentando que no se le deberían exigir responsabilidades subsidiarias. “A la Diócesis de Málaga no se le debería exigir tal responsabilidad, pues no ha propiciado, ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote”, ha sostenido. Con estas palabras, ha querido desvincular a la Diócesis de cualquier acto de encubrimiento o negligencia. Uno de los puntos más destacados de su intervención ha sido el compromiso explícito de reparación económica a las víctimas. El obispo de Málaga ha querido dejar claro que, si el juicio concluye con una sentencia condenatoria para el sacerdote, la Iglesia actuará para compensar el daño causado, incluso si la propia Diócesis es exonerada de cualquier responsabilidad civil por parte de los tribunales. Esta decisión, según ha explicado, responde a un compromiso asumido por la Iglesia Católica a un nivel más amplio. “La Iglesia Católica, y por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obliguen”, ha sentenciado. Esta afirmación establece un precedente y una garantía para las afectadas, que ven cómo la institución se compromete a actuar más allá de sus obligaciones legales. El juicio, que tiene previsto su inicio este próximo lunes en Málaga, se ha convertido en uno de los asuntos de mayor relevancia en la actualidad de la provincia. La Fiscalía solicita una pena de 72 años de cárcel para el sacerdote, al que acusa de haber sedado y agredido sexualmente a un total de cuatro mujeres. Los hechos, según la investigación del ministerio público, se habrían producido de forma continuada a lo largo de cuatro años, entre 2014 y 2018. La comparecencia del obispo José Antonio Satué se produce en un momento clave, justo antes del inicio de la vista oral, y busca fijar la posición oficial de la Iglesia de Málaga. Sus palabras, cargadas de un tono de solemnidad y contrición, han estado dirigidas tanto a las víctimas como a la sociedad en general, en un intento por gestionar una de las crisis más graves a las que se enfrenta la diócesis en los últimos años, mostrando una postura de tolerancia cero y asunción de responsabilidades morales y económicas.
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