COPE
La Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF trabaja a contrarreloj para analizar el material incautado en los registros del caso Plus Ultra. Los agentes encontraron una caja fuerte escondida en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo abogado solo facilitó la apertura ante la amenaza de que fuera destruida. Este análisis es clave de cara a la declaración del expresidente el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, informa el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Durante el registro en el despacho de la calle Ferraz, no se encontraba Zapatero, pero sí su abogado y su secretaria, Gertrudis Alcázar, a quien el juez considera una pieza con un papel operativo esencial en la red. La presencia de la caja fuerte, para la que en un principio nadie tenía llave, motivó la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía. Finalmente, la llave apareció y se pudo acceder a su contenido. En la operación se intervinieron teléfonos, correos, ordenadores, discos duros y agendas que ahora se están revisando. Juan Baño también ha revelado que no todos los registros ordenados por el juez pudieron completarse. Al llegar a la sede de Inteligencia Prospectiva, una de las empresas cliente de la trama y propiedad de la familia venezolana Chacón, los agentes descubrieron que el chalet, situado en el Paseo de la Habana de Madrid, se encontraba en obras. Ante la imposibilidad de acceder, la Policía ha realizado un requerimiento de información a la firma, que no disponía de sede física ni personal en ese momento. Paralelamente a los registros, se ha procedido al bloqueo de casi medio millón de euros de una cuenta compartida por Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa. Esta es la cantidad que habrían recibido a través de Análisis Relevante, la empresa clave en el caso. Según la investigación, el matrimonio llegó a ingresar en esa cuenta hasta 1,5 millones de euros procedentes de las empresas de la trama. El auto del juez Calama apunta a que se podrían haber utilizado sociedades en España del entorno de Zapatero para canalizar fondos de operaciones vinculadas al petróleo y al oro de Venezuela. Una pieza clave en este esquema sería la gestoría madrileña Parra Delgado, que habría recibido dinero del banquero chavista Francisco Flores para pagar casi 150.000 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, amigo de Zapatero, justificándolo como informes técnicos. Además, la misma gestoría habría sido utilizada por Aldama para ingresar sus comisiones por la venta de mascarillas pagadas por Ábalos. El Gobierno no ha modificado su discurso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido prudencia, enmarcando la situación en una fase muy preliminar. "Dejemos trabajar a la Justicia, el propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios", ha declarado. En la misma línea, las ministras Diana Morant e Isabel Rodríguez han expresado su cariño y confianza personal en el expresidente. Por su parte, Yolanda Díaz, a su regreso de China, ha pedido explicaciones sobre la imputación, pero ha centrado sus críticas en el Partido Popular. "Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de estado, que no lo es, asumir su responsabilidad de estado, y aunque sea por estricta dignidad presentar una moción de censura", ha afirmado. El Partido Popular ha decidido mover ficha en Bruselas. La vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha exigido a la Comisión Europea que investigue el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, aprobado con fondos autorizados por la propia Comisión. La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que su partido no se quedará "de brazos cruzados" y que actuarán "en España y también ante la Unión Europea", además de ampliar el listado de comparecientes en la comisión de investigación en el Senado. Los populares también han denunciado el relevo fulminante por parte del Gobierno de la magistrada de enlace responsable de la cooperación judicial con Francia y Suiza. Estos países fueron los que emitieron las primeras alertas sobre las operaciones de blanqueo. Félix Bolaños ha justificado la decisión argumentando que "la cooperación entre España y Suiza no necesita de la figura de un magistrado de enlace exclusivo" porque, según él, las autoridades suizas "no tienen ninguna costumbre de actuar con magistrados de enlace".
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