Canarias Ahora
La Sala de lo Contencioso adopta esta decisión tras una vista en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Vox y otras organizaciones ultra han defendido la paralización con algunos argumentos falsos o tergiversados Ofensiva de Ayuso y la extrema derecha en el Supremo contra la regularización de migrantes: “Es un incremento brutal del gasto social” El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria que entró en vigor el pasado abril y que ya han solicitado más de medio millón migrantes, informan fuentes jurídicas a elDiario.es Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras la vista celebrada este viernes, en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOir y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados , la suspensión del decreto hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto. Los magistrados han determinado que HazteOir, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia no están legitimadas para recurrir, pero sí Vox y la Comunidad de Madrid, aunque han rechazado su pretensión de paralizar ya el decreto. Durante la vista, los recurrentes han alegado que la aplicación de la norma despliega efectos y derechos colaterales de forma inmediata. Y que si el Tribunal Supremo dictara en el futuro una sentencia anulando el decreto, sería imposible revertir las autorizaciones y prestaciones ya concedidas. También han desplegado algunos bulos sobre los efectos para los servicios públicos o el censo electoral que han sido confrontados por la Abogacía del Estado y las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora de Barrios y Servicio Jesuita a Migrantes. El Gobierno aprobó el pasado abril una regularización extraordinaria a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha. El decreto surgió de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas.
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