La Opinión de Murcia
La entrada en vigor del Real Decreto 191/2026 ha abierto un nuevo escenario en la gestión del litoral mediterráneo. La norma, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica para reforzar la protección de la posidonia y otras fanerógamas marinas, persigue blindar un ecosistema clave para frenar la erosión y conservar la biodiversidad. Sin embargo, apenas dos meses después de su aplicación efectiva, el decreto ya ha generado tensiones entre ayuntamientos, administraciones, empresarios turísticos, vecinos y colectivos ecologistas. En la Región, el caso de Águilas se ha convertido en uno de los focos de polémica más visibles.
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