El Periódico Extremadura
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Mérida ha sido uno de los frentes políticos y sociales más intensos de los últimos meses. Tras la aprobación inicial de la ordenanza a principios de año, la medida, obligatoria por ley para los municipios de más de 50.000 habitantes, ha avanzado entre reproches de la oposición, protestas de varios colectivos locales y un complejo recorrido judicial que ha marcado buena parte del debate público en la ciudad.
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