Diario CÓRDOBA
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocidos en los últimos días dibujan un escenario grave. Aunque las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales y toda persona investigada conserva la presunción de inocencia, los hechos descritos en la causa plantean interrogantes políticos e institucionales.
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