El Plural
Los pasados domingo y lunes se produjo la renovación parcial de la comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que advierte con más insistencia sobre los excesos políticos de los jueces. Hay que elegir una plaza destinada a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y dos a la de magistrado. A una de estas últimas se ha presentado como candidata la jueza de instrucción 3 de la Audiencia Nacional, a su vez exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, María Tardón. La magistrada opta al cargo a través de su asociación de siempre, moderada pero de derechas, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la que ejerció como portavoz antes de su paso por la política de la mano del partido conservador, entonces liderado por José María Aznar. Tardón formó parte del equipo de gobierno del exalcalde José María Álvarez del Manzano entre 1999 y 2003. Su fichaje, atendiendo a la hemeroteca, se habría producido para renovar la imagen del exregidor, que se había visto mermada después de diez años en el poder. Después de las elecciones pasó a desempeñar en el puesto de concejal de Seguridad del municipio. La candidata nunca ha renunciado a expresar abiertamente su opinión. Así lo materializa en un vídeo publicado en el perfil de su asociación a través de X, en el que señala que "aun con toda la prudencia necesaria para no afectar a nuestra independencia, no podemos renunciar al derecho a expresar libremente nuestras opiniones y nuestras propuestas en la defensa de los principios y valores constitucionales y en la mejora de la justicia". En la misma publicación, se muestra confiada en el "logro" de "ese equilibrio entre esa irrenunciable defensa y nuestra imagen de imparcialidad en la opinión pública" como "uno de los objetivos que debe marcarse esta comisión judicial como principal tarea". En esta línea, se muestra partidaria de la "libertad de expresión responsable"; la cual debe favorecer "la participación en el debate institucional mediante opiniones y propuestas fundamentadas, constructivas y respetuosas, con los límites inherentes a la función judicial". La libertad de expresión para amparar ciertas acciones Cabe destacar que gran parte de los magistrados conservadores que hacen públicos sus posicionamientos políticos mantienen que los jueces tienen derecho a dar su opinión amparándose en la libertad de expresión. En el caso de la magistrada, considera que es un imprescindible "en defensa de los principios y valores constitucionales y la mejora de la justicia". La interpretación de dicho principio democrático ha llevado a la justificación de acciones e insultos a miembros del Gobierno de España o el Legislativo, e incluso a familiares de los mismos en los últimos tiempos. Dos ejemplos de ellos son cuando el juez Manuel Ruiz de Lara llamó "psicópata" a Pedro Sánchez o "Barbigoña" a su esposa, Begoña Gómez. A lo anterior, muy explícito, hay que añadirle la participación de determinadas personas o colectivos en manifestaciones contra medidas del Ejecutivo central como la amnistía, o en actos del PP. La defensa es clara...
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