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La Fundación Española de Abogados Cristianos ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Cáceres y a su alcalde, Rafael Mateos, para ofrecerles su apoyo jurídico frente a la orden del Gobierno de retirar la Cruz de la Plaza de América. La organización pone a disposición del consistorio todo su equipo legal para impugnar la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha fijado un plazo de tres meses para la retirada del monumento. Abogados Cristianos considera que la inclusión de este símbolo en el catálogo de vestigios contrarios a la memoria democrática "es arbitraria" y responde "a una persecución ideológica contra los símbolos cristianos". En esta línea, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que "el Gobierno utiliza el derribo de cruces como cortina de humo". Según Castellanos, "cada nuevo ataque contra los símbolos cristianos coincide con un momento en el que necesita desviar la atención de los casos de corrupción que le rodean". La fundación ha anunciado que, si el Gobierno inicia un procedimiento contencioso-administrativo para imponer el derribo forzoso, se personará de forma inmediata como codemandada junto al Ayuntamiento de Cáceres. La organización ha advertido de que la retirada de la Cruz podría causar "un daño patrimonial, estético, histórico y moral irreparable" para la ciudad de Cáceres y "para los ciudadanos que la consideran parte de su identidad". Recuerdan además que "ya existe jurisprudencia que reconoce que una cruz latina, desprovista de simbología política, es un símbolo religioso, integrado en la historia y en el paisaje urbano de muchas ciudades españolas".
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