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El Consejo de Ministros aprueba un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que sustituirá progresivamente el cupón precinto por un sistema digital Kits de autodiagnóstico y nueve millones de euros en condones para frenar el auge de las infecciones de transmisión sexual Cualquier ciudadano que haya necesitado un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud habrá visto a su farmacéutico cortar el cupón de la caja con un cúter y pegarlo con celo en una hoja. El fin de este proceso cotidiano, y arcaico, en las farmacias es trasladar la información a la administración que asume una parte o la integridad del coste del fármaco. Este sistema tiene los días contado. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La norma incluye la sustitución progresiva de ese cupón precinto por un identificador único que “permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información”, indican desde el departamento que dirige Mónica García. La reforma, señalan, “adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento, para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información en las administraciones sanitarias”. El identificador que irá incorporándose en los envases permitirá “comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad”. Así, se espera que suponga una barrera más a la entrada al sistema legal de fármacos falsificados en cualquier punto de la cadena de distribución. Una nueva ley de organizaciones de pacientes El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de las Organizaciones de Pacientes, que “refuerza la participación de estas entidades en el desrrollo de las políticas sanitarias”. “Viene a cubrir una laguna jurídica”, ha indicado García. La norma reconoce “derechos específicos de participción, información y representación institucional ante la Administración General del Estado” y mandata la participación de ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.
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